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Adjudicar de manera directa y poner parches para renovar y prorrogar las licencias de bingos y casinos fue una costumbre tan opaca como redituable para políticos y empresarios bonaerenses. Por primera vez en 23 años -en 1995 el juego pasó a la órbita provincial-, la gobernadora María Eugenia Vidal llamará a una licitación pública para renovar la administración de 3860 máquinas tragamonedas que funcionan en siete de los doce casinos provinciales. En paralelo, cerrará tres casinos y un bingo en Temperley.
“No creemos que deba haber una oferta de juego tan grande en la provincia. En los próximos dos años, en la medida que vayamos equilibrando las cuentas públicas, nuestra intención es seguir restringiendo la oferta del juego”, agregó Vidal.
Si no se cierran más salas de juego, acotó, es porque el resto tienen licencias que fueron prorrogadas durante la gestión de Daniel Scioli . “Está mal que se hayan otorgado de manera directa y está mal que se hayan prorrogado por más de un mandato [de gobernador]: eso habla mal de la gestión anterior”, dijo Vidal.
Los siete casinos que formarán parte de la licitación serán el Central (Mar del Plata), Monte Hermoso, Pinamar, Trilenium de Tigre, Miramar, Tandil y Hermitage, también en Mar del Plata.
La idea es licitarlos en “tres canastas” que combinen las salas más y menos rentables, para que no haya ofertas desiertas: Trilenium se licitará junto a Pinamar, el Central junto a Monte Hermoso y el Hermitage junto a Tandil y Miramar.
Los pliegos necesarios para ofertar costarán 500.000 pesos, pero serán publicados en internet. Además de tener en cuenta la trayectoria y solvencia de los candidatos, el 45% del puntaje para definir al ganador de la licitación estará dado por el porcentaje de rentabilidad que le asegure al Estado provincial.
Hoy, las máquinas de esas siete salas son operadas por la firma Boldt, de Antonio Tabanelli, un clan familiar que consolidó su posición desde tiempos del duhaldismo.
Porque tienen licencias vigentes, no se licitarán las máquinas de otros dos casinos: el del Hotel Sasso, también en Mar del Plata, que administra el sindicato de Luis Barrionuevo, y el Casino de Sierra de la Ventana, del Grupo Paoletti.
En la provincia existen doce casinos y 46 bingos que se distribuyen en 32 municipios. Boldt es el mayor operador en el primer rubro. La española Codere es la empresa más fuerte entre los bingos.
Los casinos son propiedad de la provincia, que paga los gastos y sueldos de sus empleados y la seguridad. Los operadores privados de las máquinas como Boldt se quedan con el 40% (más IVA) de la rentabilidad. En cambio, los bingos están enteramente administrados por privados y entregan al Estado el 34% de las ganancias.
La gobernadora decidió cerrar tres de esos doce casinos: Mar de Ajó, Valeria del Mar y Necochea, que perdían en la competencia con los bingos vecinos y cuyo funcionamiento estaba atado a una contratación directa, sin licencia. También se cerrará el bingo de Temperley, operado por la española Codere, cuya licencia venció en 2017.
Es el mismo bingo que, de manera subterránea, se pretendió “mudar” frente a la terminal de colectivos del Puente La Noria, en Lomas de Zamora. Un punto clave, no sólo porque por allí pasan decenas de miles de bonaerenses cada día, sino porque queda a metros de la Capital Federal y de la Feria de la Salada.
Esa apertura fue combatida desde el llano durante años por la Iglesia, el Movimiento Evita y el GEN. Apenas asumió, Vidal clausuró esa discusión. “Desde el momento en que quisieron poner un bingo frente a La Salada queda claro que el argumento no es el turismo. Llenaron de bingos todo el conurbano”, sostuvo la gobernadora.
Así como rechaza el argumento “turístico” que se usa para defender la instalación de bingos y casinos, Vidal negó que el cierre de salas contribuya expandir el juego ilegal: “Es falso: el juego legal e ilegal le hacen mucho daño a muchas personas de la provincia. Creo que hay que hacer las dos cosas: restringir el juego legal y combatir el ilegal.
Fuente: La Nación
