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De emergencia en emergencia. A 10 días de asumir, en diciembre de 2015, Alicia Kirchner decretó la “emergencia administrativa y económica”. Su hermano la instauró en 1991 y el supuesto infierno se mantuvo durante 17 años. En junio pasado la gobernadora envió a la legislatura la ley de “emergencia sanitaria” que además de permitir la contratación directa, sin licitación, de insumos permite la incorporación de recursos humanos para reemplazar personal adherido a medidas de fuerza si fuese necesario. ¿Quién es la ministra de Salud? María Rocío García, la esposa de Máximo Kirchner.
Los sindicatos estatales de la Salud ya pidieron su renuncia en varias oportunidades y las medidas de fuerza y el trabajo a reglamento se repiten todas las semanas, en todos los hospitales de la provincia. A la falta de insumos se le suma una brutal crisis edilicia. En el Gobierno acusan a los gremios porque al tomar los edificios “complican” la compra de material. El hall principal del Hospital Regional de Río Gallegos está tomado desde hace más de 35 días. Ayer hubo una caravana de protesta.
En Río Turbio, la tercera ciudad en importancia de la provincia, el hospital de la localidad solo funciona con la guardia: la gente debe transitar los 300 km de distancia entre Turbio y Río Gallegos para tener una atención más compleja. En Caleta Olivia, la segunda ciudad de la provincia, los caletenses viajan hasta Comodoro Rivadavia. En las últimas 24 horas los gremios de la salud anunciaron nuevas medidas de fuerza y le exigieron a la Gobernadora que abra las paritarias, mismo reclamo que en todos los sectores. “La falta de respuestas, la negativa de no dialogar y las contradicciones entre lo que dice y hace el gobierno, justifican esta decisión”, explicaron ayer los gremios en conferencia de prensa, anunciando el paro indeterminado. “Ojalá nos hubieran consultado por qué más de 100 profesionales de salud se fueron de los hospitales públicos en estos últimos dos años. Esta conducta habla por sí sóla y dibuja otra funcionalidad más hacia el gobierno que no se ocupa”, sentenciaron. Las estadísticas son incontrastables.
En junio, y como única salida, Alicia Kirchner intentó acceder un endeudamiento de 10 mil millones de pesos y para eso obtuvo la aprobación de la legislatura mediante una sesión irregular que fue anulada por la Justicia. En el tratamiento del empréstito, Infantería de la Policía de Santa Cruz reprimió la protesta social que se manifestaba en la puerta de la legislatura. Ayer se supo que Ramón Mariman, un trabajador municipal que fue baleado en la represión, perdió por completo la vista de uno de sus ojos. Estaba derivado en la ciudad de Buenos Aires. “Responsabilizamos al gobierno de Alicia Kirchner y Pablo González por este hecho, exigimos la inmediata renuncia del jefe de policía y la investigación, juicio y castigo correspondiente a los autores materiales e intelectuales de este accionar represivo que le costó la pérdida de un ojo al compañero Ramón Mariman”, declararon desde el Partido Obrero, donde milita Mariman.
El panorama es aún más sombrío: la policía de toda la provincia inició esta semana su estado de alerta y movilización, también por reclamos salariales y la amenaza de un autoacuartelamiento es inminente. El miércoles y jueves, efectivos de algunas localidades ya habían empezado la medida de fuerza y retención de tareas. “Los que ostentan el poder político entonces pueden imponer sanciones a las mismas personas que diariamente colocan en situación de riesgo, a las personas que no les cumplen, a las que abandonan, a las que denigran, que acosan y hostigan. Pueden ignorar normas de Derecho Internacional Humanitario, principios Constitucionales y pisotear nuestros derechos humanos. No se diferencia mucho esto de un régimen dictatorial; tal vez por eso se mantienen las normas dictatoriales que regulan nuestra actividad”. Estas líneas fueron publicadas por el Consejo del Salario Policial, una suerte de unión entre los efectivos para hacerle frente a las discusiones con el Ejecutivo provincial. Al igual que en la salud, denuncian la falta de instrumental y herramientas: “No contamos con armamento no letal, ni equipos de comunicaciones, menos aún con elementos de protección. No tenemos cobertura ante accidentes, lesiones u otro tipo de consecuencias en el ejercicio de nuestra actividad. Los bomberos tenemos que continuar arriesgando nuestra vida innecesariamente en cada intervención por falta de equipamiento que reúna los estándares mínimos para desarrollo de la profesión. Los penitenciarios continuar desarrollando nuestras actividades en inmundas condiciones. Los oficiales modernos deben continuar trabajando ilimitadas jornadas laborales”.
A comienzos de este mes, el bombero Mauricio Díaz de la policía de Santa Cruz tuvo que ser derivado a Buenos Aires con “pronóstico reservado” por inhalación de monóxido de carbono. La máscara que utilizó para combatir el fuego no estaba en condiciones pero era la única que tenía.
En Caleta Olivia la situación ya es inviable. Los trabajadores petroleros, juntos con los de la construcción, mantienen cortes en la ruta nacional 3 manteniendo incomunicada la comunicación vial de la provincia. El vicegobernador, Pablo González, manifestó que el paro petrolero le cuesta a la provincia un millón de dólares por día. El jueves, cuatro piquetes simultáneos sitiaron la ciudad: las tres rutas troncales de acceso a Caleta fueron cortados. El viernes, el ministro de Gobierno provincial estuvo en la localidad intenta calmar los ánimos pero además estuvo al frente del operativo de desalojo de una de las rutas, que se realizó sin incidentes. En Río Turbio los empleados municipales ya llevan 113 días de paro y la resolución de ese conflicto no se avizora en lo inmediato.
El jefe de bloque del Frente para la Victoria en la legislatura santacruceña, Matias Mazu, intentó criticar el paro docente pero no eligió la forma más adecuada. “Yo tengo una hija de quince años, que ya está en tercer año, no sabe leer, no sabe escribir, no conoce de Historia, no conoce Geografía”, declaró en un medio provincial. Las críticas a esas declaraciones fueron lapidarias. Desde el 2009, Santa Cruz encabeza las peores tasas educativas del país: repitencia y abandono escolar o falta de promoción.
Desde 1991, el kirchnerismo administró en los últimos 25 años poco más de 40.500 millones de dólares entre fondos provinciales, regalías petrolíferas, mineras y aportes del Estado nacional. El presupuesto provincial aprobado para el 2016 es de 30 millones de pesos pero el déficit previsto es cercano a los 6 mil millones. La mínima asistencia del Gobierno Nacional mantiene a Alicia con oxígeno.
Hoy la provincia está quebrada no sólo en términos económicos: el quiebre ya es social y la recuperación parece estar muy lejos en el tiempo para una provincia que necesita soluciones urgentes.
Fuente: Infobae.
