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Mientras las reformas económicas del oficialismo aguardan una definición de la ley Bases en el Senado, en las comisiones de Diputados avanza otro debate que involucra a la justicia y la seguridad: la modificación del Código Penal y Procesal Penal. Conscientes de su influencia legislativa y de la necesidad de construir agendas de trabajo que vayan por vías alternativas a la impotencia financiera, los gobernadores comienzan a involucrarse públicamente en esta discusión del Congreso.
El caso más emblemático es el del santafesino Maximiliano Pullaro, quien concurrió al plenario de comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior para pedirles a los diputados que “no se queden cortos” con las reformas ya que, según entiende, “esta ley tiene un exceso de garantismo“. Hacía referencia al proyecto enviado por Patricia Bullrich para el Abordaje Integral del Crimen Organizado, una de las iniciativas más relevantes que se discuten en el Congreso junto a la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos. La ministra también presentó propuestas para bajar la edad de imputabilidada 14 años (esta semana, el bloque libertario propuso reducirla a 12) y para facilitar la tenencia legal de armas de fuego.
Maximiliano Pullaro, quien el pasado miércoles opinó que “si fuera por mí al menos a 500 presos no les permito ni la visita conyugal ni el acercamiento familiar“, acordaría con esta mirada y se respaldaría en las estadísticas: el Plan Bandera, que reforzó el número de patrulleros y efectivos federales presentes en la provincia de Santa Fe, provocó que desde el 1° de enero hasta el 12 de mayo del 2024 se registren 49 homicidios dolosos en el distrito,cifra ostensiblemente menor a los 129 ocurridos en el mismo período del 2023.
El informe publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación también reveló otro dato: se requisaron en los últimos meses a 489.421 santafesinos de los que sólo se detuvieron al 0,08%, es decir a 376 personas.Esa información permite imaginar que en Santa Fe los vecinos conviven con un despliegue masivo de control, requisa y detención, que repercute en una valorable aunque provisoria cifra, tratándose de un dato en los primeros cinco meses de un año que no da cuenta del costo social de esa reducción.
Otra estadística entra en relación: en el 2004, año de sanción de la Ley Blumberg, hubo 2341 homicidios dolosos en todo el país, según el Sistema Nacional de Información Criminal. Este estudio señaló que en el 2017, año de la Ley Petri, se registraron 2313 asesinatos, cifra que subió en el 2020 (2418 víctimas) y descendió en el 2022 (1961). La primera aproximación, entonces, expone que las medidas punitivas tienen más bien resultados oscilantes y su profundización no garantizan una efectividad lineal en la reducción del crimen.
La Ley contra el Crimen Organizado: el principal eje de discusión
El proyecto de Abordaje Integral del Crimen Organizado busca establecer qué se entiende judicialmente como crimen organizado, faculta a las Fuerzas Policiales a detener a una persona hasta por 48 horas para realizar averiguaciones, establece “Zonas Sujetas a Investigación Especial” en territorios que se consideren prioritarios y agrava las penas de lo se disponga como asociación ilícita. En ese marco, el artículo de mayor impacto estipula que cualquier persona que se le atribuya integrar un grupo criminal “será reprimido con la pena que correspondiera al delito más grave cometido por la organización”, contemplando además una condena de entre 8 y 20 años de prisión o reclusión por la “mera pertenencia a la asociación” delictiva.
Durante la defensa de la iniciativa, Maximiliano Pullaro -que sancionó en Santa Fe una ley de Emergencia en Seguridad y Servicio Penitenciario a cuatro días de asumir- fue consultado por una fuga acontecida en una comisaría provincial en el mes de mayo. “Las cárceles están abarrotadas de presos y las comisarías también“, explicó y pronosticó: “Si no hay previsión de la cantidad de presos que van a haber, la verdad es que van a pasar estas cosas en algún momento”. Posteriormente, su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, se lamentó porque “no llegamos a generar plazas al ritmo que se generan presos“.
La impersonalidad de esa afirmación (“se generan presos”) no reconoce la responsabilidad que tienen este tipo de leyes -así como la de Blumberg y la de Petri- en el estado de sobrepoblación carcelaria que se extiende en cada régimen penitenciario del país, que imposibilita además cualquier pretensión de elaborar un plan de formación o de inserción laboral en las condiciones de vida que se proponen en las cárceles. “Los Estados nos tenemos que sacar el prejuicio de hacer obra pública penitenciaria”, pidió Pullaro y coincidió con una afirmación del propio Marcelo Aebi: “Una de las causas fundamentales del fracaso de las mejores leyes es precisamente que no existe un presupuesto para instrumentarlas”.
En la Argentina del “no hay plata”, la demagogia punitiva necesita orientarse a soluciones específicas y territoriales, como las que están realizando los propios gobernadores e intendentes en sus distritos. Se podría hablar del bonaerense Axel Kicillof, quien semanalmente protagoniza entregas de patrulleros a municipios y hasta a Santa Fe. O del mendocino Alfredo Cornejo, que a comienzo de mes presentó proyectos de leypara masificar la instalación de cámaras de seguridad, fortalecer la prevención del mercado ilegal de bienes de contrabando y “vehiculizar que los internos estudien y trabajen”, según dijo. Incluso el caso cordobés, que será la primera provincia latinoamericana en la que el 100% de los efectivos portarán armas no letales.
“Para ser una ley contra el crimen organizado, no contempla ninguna normativa vinculada a la participación de estamentos o funcionarios estatales. Al tener una pretensión de ser integral, también falta el rol de las policías en la regulación de los mercados ilegales“, señaló más tarde en la comisión Kevin Nielsen, vicepresidente de Asociación del Pensamiento Penal, y habilitó a una nueva serie de interrogantes que atraviesan a un proyecto de esta naturaleza: cuáles son las responsabilidades civiles y políticas en las asociaciones ilícitas; qué rol cumplen los controles en los puertos y las rutas; qué posibilidades de legalizar dinero conseguido con negocios fraudulentos tienen estas personas. El paquete fiscal que se discute en el Senado tiene algunas respuestas.
Gobernador de Chubut pidió por la baja de la edad de imputabilidad
Un joven de 17 años, Gonzalo Güenchur, fue asesinado en Comodoro Rivadavia este mes. El mismo día que se detuvo al principal sospechoso, otro adolescente, el gobernador de Chubut Ignacio Torres utilizó sus redes sociales: “Reitero la necesidad de avanzar de manera urgente con el tratamiento del proyecto de ley de Cristian Ritondo que promueve bajar la edad de imputabilidad a 14 años”. El documento presentado por el titular del bloque de Diputados del PRO tiene muchas coincidencias con la iniciativa enviada por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia.
Este último también realizó una publicación en sus redes sociales después de una detención de una persona menor de 18 años (el presunto asesino de Bruno Bussanich, en Rosario) donde anunciaba que presentaría un proyecto de baja de imputabilidad para “que triunfe la justicia”. Distintos especialistas coinciden en la necesidad de reforma del Régimen Penal de Minoridad, promulgado por Jorge Rafael Videla en 1980. Uno de ellos es Martín Mollo, exdirector del Centro Cerrado Almafuerte, una de las instituciones de contexto de encierro para jóvenes más emblemáticas de la provincia de Buenos Aires: “No podemos hablar de bajar la edad de punibilidad si no tenemos organizado a nivel nacional un sistema adecuado y preciso de medidas alternativas, que serían las que debería transitar un chico de 13, 14 o 15 años que está acusado”.
La pregunta de qué tipo de tránsito de condena, en qué instituciones y qué proyecciones de mejora se diseñan para los jóvenes que delinquieron en nuestro país toman mayor envergadura cuando funcionarios de relevancia piden, en medio de la aflicción comunitaria por la consumación de un homicidio, medidas regresivas con la pretención de un impacto inmediato. Este interrogante se vuelve más pertinente considerando un informe de la Corte Supremaque revela que, en el 2022, el 83% de los delitos cometidos por adolescentes en nuestro país fueron distintas modalidades de robo y, de los 1767 jóvenes detenidos, se registraron en total 5 homicidios.
El propio Torres impulsó la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal en Chubut, con modalidades que pretenden acelerar los tiempos de las disposiciones judiciales muy similares a las planteadas a nivel nacional. Al celebrarlo mediáticamente el pasado 23 de mayo, el gobernador insistió en que “necesitamos seguir enfocados y avanzar en lo inmediato con el proyecto para bajar la edad de imputabilidad”.
“Muchas veces se le pide a los institutos, como si tuviera una lógica fordista, que por la punta de la cinta entre un pibe chorro y por la otra se vea un ciudadano. No funcionan así los institutos y no pueden funcionar así si hay alguna cuestión comunitaria que está fallando”, responde para este medio Martín Mollo e invita a pensar cómo pueden torcer destinos los impulsos de oportunismo político y si existe una vía de perfil bajo -alejada de la espectacularización punitiva- para reducir los índices de violencia en nuestra comunidad.
Fuente: Ambito
