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Importantes referentes del sector hablaron sobre el temor que genera el inicio de actividades sísmicas en áreas de gran importancia pesquera sin que se mida el impacto ambiental ni se contemple la posible afectación de los recursos, especialmente en épocas de desove. La falta de comunicación de las autoridades con el sector es una crítica común entre los actores, como así también la exigencia de manejarse bajo parámetros de sustentabilidad y legalidad.
Buenaventura Lafuente, empresario de CAPIP que preside la firma Estrella Patagónica, señaló al respecto que la actividad sísmica “siempre genera temor, las áreas son amplias e inciden en zonas importantes de actividad pesquera, no a nosotros puntualmente por ahora pero no nos gusta lo que está pasando, quizás la actividad petrolera no genere un fuerte impacto pero por la forma en que se ha manejado resulta agresivo”.
Haciendo referencia a la Cuenca Argentina Norte indicó que “hace dos años que están haciendo pruebas y el mapa de sensibilidad ambiental no está terminado, el tiempo sigue corriendo y las empresas siguen avanzando. Yo puedo preguntarme tranquilamente si las fluctuaciones que vemos en los últimos años en el calamar illex no responden a la actividad sísmica en el sector norte”.
“Se nos debería haber brindado más información y debiéramos estar en conocimiento de los planes que tienen para zonas de interés pesquero. Desde la Secretaría de Energía hasta ahora no nos han convocado nunca, tomamos conocimiento en CAPIP de lo que estaba sucediendo a través de este medio, no hubo ninguna comunicación formal por parte de las autoridades. La primera que debe poner en conocimiento al sector pesquero de lo que se piensa hacer es la Secretaría de Energía; y Pesca debería habernos brindado información puntual desde el momento en que se llamó a licitación”, dijo Buenaventura Lafuente en coincidencia con la opinión de todos sus colegas.
Respecto de lo que queda por hacer desde el 16 de mayo hasta el 1 de agosto cuando se otorguen los permisos definitivos, sostuvo que “ahora el sector deberá reclamar que se realicen los cuatro estudios necesarios para medir el impacto ambiental, solo con el estudio que se realiza antes de comenzar las prospecciones no se puede medir nada, se debe hacer también en la etapa intermedia, cuando finaliza y luego hacer un estudio para medir los plazos de recuperación del ambiente. Es imprescindible que se hagan todos los estudios y que se cuente con la información del mapa de sensibilidad ambiental que determine áreas y épocas de desove antes de otorgar los permisos definitivos, porque a nosotros en esto se nos va la vida”, concluyó.
“Debe abordarse la exploración offshore con un enfoque ecosistémico integral previo y posterior a las prospecciones”, señaló Mauro Zamboni, director de Argenova. A la vez indicó que este tipo de casos debe pasar “por todos los estamentos de control del Estado y sobre todo se deben dar las audiencias públicas en las Comisiones del Congreso en caso de corresponder”. Sostuvo también que deben poder participar “todos aquellos que llevamos actividades legales y reguladas dentro de la ZEE”.
Estas discusiones se deberían haber dado incluso antes del llamado a licitación. Las autoridades pesqueras al momento de la publicación del DNU estaban en conocimiento, dado que ya se estaba trabajando en el mapa de sensibilidad ambiental y, de hecho, saben que desde hace dos años hay actividad sísmica en la Cuenca Argentina al norte. Respecto de esta situación Zamboni indicó que “está fallando la notificación de las autoridades para que todos los que interactuamos nos enteremos de lo que está pasando, nos ocurrió lo mismo con las Áreas Marinas Protegidas”
“Desde CEPA y CAIPA enviamos una nota al Consejo Federal Pesquero y a la Subsecretaría de Pesca para saber si habían tomado conocimiento de las licitaciones de áreas para exploración sísmica, si habían medido el alcance y cuáles eran las gestiones que se estaban realizando. Pero no tuvimos aún respuesta, tomaron conocimiento y nos invitaron a la reunión de 5 de junio con el Secretario”, informa Darío Sócrate, gerente de CEPA.
El directivo cuenta los pasos que tienen pensado seguir en pos de arbitrar la defensa del sector: “Nosotros vamos a buscar información, antecedentes, porque queremos saber qué alcance tiene el impacto como hicimos con las Áreas Marinas Protegidas; tratar de entender y tomar una postura, por supuesto, desde los intereses del sector pesquero”.
R.P.: Tomar una postura en defensa de los intereses del sector ¿qué significa?
DARÍO SÓCRATE: Desarrollo sustentable, se nos debe reconocer como una actividad económica que genera puestos de trabajo, no se pueden quedar donde generan un problema. Se debe encontrar una solución ecosistémica, no pueden poner en peligro los peces que nosotros capturamos y nosotros también tenemos que manejarnos de la misma manera, no debe haber excesos de ningún lado. Luego la que tendrá que definir es la autoridad política.
Por su parte Mariano Retrivi, empresario miembro de la Cámara de Armadores, al igual que todos reclamó por la falta de información respecto de las actividades que se realizan. “Llama la atención que la Subsecretaría de Pesca no haya tomado intervención, lo lógico hubiera sido que nos comunicaran lo que estaba pasando. El impacto puede ser muy grande, dependerá de las zonas y épocas en las que trabajen, con qué tipo de barcos, durante cuánto tiempo… Me pregunto si estamos preparados para el impacto, ojalá fuéramos convocados y escuchados”, concluyó.
En CAPECA, la cámara que nuclea a armadores congeladores, se reunieron ayer para definir qué pasos seguir dado que existe preocupación entre sus asociados. Luego del encuentro Miguel Glikman, de la firma Newsan, comunicó que han hecho extensiva a todas las cámaras del sector la invitación que recibieron para mantener una audiencia con el Secretario de Energía el próximo 5 de junio y que esperan poder interiorizarse sobre las implicancias de las prospecciones sísmicas, al tiempo que solicitarán que se consulte al INIDEP. (KARINA FERNANDEZ – REVISTA PUERTO)
