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Lejos de apaciguarse, la polémica por los reembolsos a los puertos patagónicos sigue cobrando intensidad y son varios los frentes abiertos a nivel local conla intensión de lograr una medida favorable a los intereses bahienses.
Por ejemplo, mientras el intendente Héctor Gay volverá a plantear el tema el lunes, cuando por la del convenio que permitirá la instalación de una delegación del de la Producción en la ciudad se reúna en la Rosada con el ministro del , Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, el Consorcio de Gestión del Puerto espera novedades en el plano judicial.
En tal sentido, se estima que a fines de agosto próximo, tras el receso de , podría haber alguna resolución.
Si bien a mediados de mayo pasado el Juzgado Federal Nº 2 resolvió no hacer lugar a la medida cautelar presentada por el Consorcio del Puerto, pidiendo la suspensión de los reembolsos a las estaciones marítimas patagónicas, la medida no afecta el trámite del proceso principal, el cual busca una sentencia definitiva sobre la inconstitucionalidad del sistema de beneficios a los puertos ubicados al sur del río Colorado.
En la estación marítima local el objetivo apuntado consiste en agotar todas las instancias procesales pertinentes para obtener una sentencia del más alto tribunal de la Nación que defina con absoluta certeza la inconstitucionalidad de la medida dispuesta por el kirchnerismo poco antes de dejar la Casa Rodada, mediante un decreto de necesidad y urgencia.
El escrito del Consorcio recuerda que el artículo 12 de la Constitución Nacional, 2º parte, no da lugar a excepción alguna para privilegiar un puerto sobre otro, agregando que tal proceder importaría un desvío de cargas que se movilizan desde el puerto de Bahía Blanca, o la reorientación de otros flujos de mercaderías de exportación, por la influencia de un privilegio fiscal prohibido, con el consiguiente perjuicio económico que ello traería aparejado.
El escrito, presentado por los abogados Víctor Colace y Mónica Blanco, patrocinantes del Consorcio de Gestión, solicita que debe ponderarse el daño económico que se produce en un puerto por cuanto de la disminución o pérdida de carga de un tipo particular derivan efectos directos como el no ingreso de buques por falta de masa crítica de mercadería a transportar, afectando la cadena logística y reorientando otro tipo de carga no beneficiada con reembolsos, a otros puertos donde recalen buques o por lo menos, con mayor frecuencia de servicios.
“También se producen efectos negativos indirectos pero no por ello menos graves. Se pierden empleos directos portuarios por la baja en la prestación de servicios; se dejan de utilizar medios de transporte terrestre, trenes y camiones y se abandonan servicios relacionados con las cargas como depósitos, playas de estacionamiento”, consigna el escrito presentado en la justicia federal.
Reacción en el sur
Mientras el puerto espera definiciones judiciales y Gay insistirá con el relamo ante Frigerio y el ministro nacional de Producción, Francisco Cabrera, en el sur los gobernadores patagónicos le pedirán en bloque a Frigerio, durante un encuentro previsto para el martes venidero, en Puerto Madryn, que la Nación no dé marcha atrás con el polémico régimen.
Días atrás, durante una visita realizada a La Nueva. el subsecretario nacional de Puertos, Jorge Metz, señaló que el gobierno de Mauricio Macri podría disponer la reducción gradual de los reembolsos a las exportaciones que se realicen por los puertos patagónicos.
“En unos 30 días seguramente habrá novedades. Consideramos que desde el Estado debemos corregir este procedimiento que le quita competitividad a Bahía y Quequén, pero que afecta también a todos los puertos provinciales”, sostuvo.
De todas formas, el funcionario aclaró que “la solución no es sencilla porque esta medida implica un beneficio para algunos y eliminarla de raíz no sería inteligente”. (Por Adrián Luciani; La Nueva)
