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Bajar el número de trabajadores no registrados o “en negro” es un desafío que Cambiemos, al igual que gobiernos anteriores, se propuso afrontar. Por ello, intenta impulsar una ley de blanqueo laboral que facilite el ingreso de nuevos trabajadores al sistema formal.
Se estima que el porcentaje de trabajadores en esta situación, a nivel nacional, se ubica entre el 32 y el 35 por ciento de la población activa. Y muchos empleadores se escudan en la siguiente explicación: de cada $ 100 que gasta en un empleado, el trabajador recibe $ 65, el resto son costos laborales. En palabras de Juan Carlos Cerutti, director de Plan A, si el sueldo son $ 100, el costo global es de $ 147. “Es muchísimo”, sintetiza.
Así, entre los proyectos que impulsa Cambiemos en torno al mundo laboral, el que tiene que ver con el blanqueo de trabajadores no registrados incluye, entre otros ítems, la modificación a las multas por empleo no registrado, la posibilidad de crear un fondo de cese laboral y cambios en la indemnización por despido sin causa.
Al respecto, Mateo Martínez, profesor en la Licenciatura en Recursos Humanos de la Fundación UADE, apunta: “La falta o deficiente registración de trabajadores se traduce en una desprotección para ellos. Implica un no pago de salarios o salarios por debajo de los mínimos legales, desprotección frente a jornadas excesivas de trabajo, despidos sin aviso y sin compensación, condiciones inseguras de trabajo, etc.”. Además de que el Estado recauda menos.
“El blanqueo no servirá para las empresas que coticen en la Bolsa”, advierte el abogado laboral Julián de Diego, y explica: “Porque ahí confesás que el balance que hiciste es falso y la Bolsa te puede sancionar por eso”.
Un repaso por los puntos clave del blanqueo laboral que impulsa el Gobierno y el análisis de los especialistas en la materia.
Indemnización
Cerutti se detiene en la indemnización y cuestiona que, en caso de que se promulgue la ley, el empleador deberá pagarle al empleado en negro despedido lo mismo que a uno registrado. “Sin este proyecto, en un juicio debería pagarle, además, multas para el empleado, que equivalen a cinco veces su indemnización”, detalla. En tanto, con la ley de Cambiemos, esas multas las cobra la AFIP, una vez que el empleado ganó el juicio entero. Es por ello que el abogado plantea: “El empleado no tiene ninguna motivación para hacer el juicio. Y al empresario le sale lo mismo tener un empleado en negro que uno en blanco. Si no hay una fiscalización fuerte, esto va a fomentar, creo, más empleo en negro”.
El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas coincide en este aspecto. “La ley actual prevé que la indemnización por despido se duplica, en la lógica de que se trata de un resarcimiento por la pérdida de derechos a los que no accedió durante la relación laboral, como los aportes a la seguridad social, una obra social o, incluso, haber percibido un salario inferior al previsto en el convenio colectivo de trabajo. Eso, además, le da cierta seguridad jurídica a los empleadores, que pueden estimar ese costo en caso de despido judicializado”, desarrolla.
Sectores excluidos
El proyecto es solo para los sectores incluidos en la Ley de Contrato de Trabajo. Significa que es solo para privados, incluyendo a personal de la construcción y del campo. Algunos sectores quedan excluidos del texto son:
– Empleados estatales (ni nacionales ni provinciales ni municipales).
– Personal doméstico (esto está explicitado en la propia ley).
Fondo de cese
El proyecto incluye la creación de un Fondo de Cese Laboral, esto es, una caja a la que los empleados aportan para pagar su despido cuando suceda, al tiempo que se eliminan indemnizaciones extras y multas. “Estaría muy bueno, para que el empleado que es despedido inmediatamente vaya y cobre, y no haya ese roce de juicios, de indemnizaciones por despido”, dice Cerutti.
“Es inviable –suma de Diego–, porque hay que crear una nueva contribución patronal, cuando las de la Argentina son las más caras del planeta”. Martínez, a su vez, acota: “Es una herramienta atractiva para dar previsibilidad de costos y riesgos en materia laboral”.
Pros
Disminuye la litigiosidad: Eliminaría los juicios que hacen los empleados despedidos en reclamo del certificado de trabajo y que trae como consecuencia el cobro de una multa equivalente a tres sueldos. “Es muy difícil la entrega, porque el trabajador no lo agarra, no lo busca y es muy engorroso. Se terminan pagando siempre los tres sueldos”, dice Cerutti. Algo similar señala Martínez: “El proyecto apunta a reducir la litigiosidad laboral. Teniendo en cuenta el blanqueo y la modificación respecto del beneficiario de las multas por empleo no registrado o deficientemente registrado, ya no dará mucho margen para la especulación en reclamos individuales de trabajo”.
Superador: “El [blanqueo] de 2008 era solo para los primeros 10 trabajadores que blanquees. Por el resto tenías que pagar un proporcional. Este [en relación al proyecto actual] es 100 por ciento gratis para todos durante los primeros seis meses; los segundos seis meses, al 70 por ciento”, dice Cerutti. Y sintetiza: “Es mucho más amplio, sencillo. Me parece que es un proyecto mejorado y con más cosas”.
Reconocimiento: “Los trabajadores regularizados tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice, calculados sobre un monto mensual equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil”, remarca el profesor de la Fundación UADE.
Fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo: La fiscalización quedaría en manos del Ministerio de Trabajo. “Eso me parece fundamental: que se cree un sistema de fiscalización de empleo no registrado muy fuerte”, opina Cerutti. “Tiene que haber un sistema de fiscalización. Es igual que el blanqueo: la gente no hubiera blanqueado un centavo sino estaba segura de que lo vayan a descubrir”, añade.
Contras
Muy rigurosa: “Tiene la dificultad de que es muy rigurosa. Si uno no hace el blanqueo completo y comete algún error, y la autoridad de verificación lo identifica, se cae todo el blanqueo. Todo lo que blanqueaste se convierte en multas, intereses, recargos y sanciones”, cuestiona de Diego. Y da un ejemplo: “Una parte de blanqueo es poner la fecha de ingreso real de la persona. Ponele que es el 15 de mayo y la ponés 1°, por ese error se cae todo. Además, ya confesaste todo lo que pagabas en negro”.
Solo mira hacia atrás: El blanqueo, para de Diego, podría fracasar porque, en el proyecto solo se condona hacia atrás. “A partir del día en que blanqueaste, tenés que pagar todas las cargas sociales y los impuestos”, dice, al tiempo que añade que, al menos, se podría implementar un mecanismo a través del cual se pueda ingresar al trabajo en blanco con un costo menor o de forma escalonada.
Falta de condiciones: “Hay que generar las condiciones para que el blanqueo sea exitoso”, observa el asesor de empresas y cámaras empresarias. “La primera condición fundamental es que haya crecimiento económico; sin crecimiento, no hay blanqueo posible”, concluye.
Limitado: el abogado Matías Cremonte saca a colación que desde el Ministro de Trabajo, según lo declarado, aspiran a “blanquar” a unos 300.000 trabajadores, lo que representa menos del 10 por ciento del total de trabajo informal existente. “Eso revela que, hasta desde su propio punto de vista, la política no tendrá éxito. Una verdadera política de inspecciones de parte del Ministerio de Trabajo, con colaboración de los sindicatos, sin dudas, tendría mucho más éxito”, remata Cremonte.
Voces especializadas
Juan Carlos Cerutti es director del área de Derecho del Trabajo de Plan A, abogado por la Universidad de Buenos Aires, socio miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Tiene una especialización en Derecho del Trabajo por la UCA.
Matías Cremonte es egresado de la UBA y doctor en Derecho del Trabajo por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es asesor sindical y director del Departamento Jurídico de ATE. Preside la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL).
Mateo Martínez es abogado (UBA) especializado en Derecho Empresarial. También es profesor titular (Fundación UADE), a cargo de las materias Derecho del Trabajo Individual y Relaciones Laborales, y socio del estudio jurídico Navarro Floria, Loprete & Asociados.
Julián de Diego, fundador de de Diego & Asociados, es abogado, asesor laboral de empresas y cámaras empresarias y titular del estudio jurídico que lleva su nombre. Además, es director del Posgrado en Conducción de Recursos Humanos de la UCA y profesor titular de esa universidad.
Fuente: Cronista.
