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Durante la mesa, se señaló con preocupación que el narcotráfico compromete funciones esenciales del Estado de Derecho, la salud pública y la seguridad de la población, con grave daño al tejido social y a los sectores
vulnerables en particular.
También se observó la retroalimentación que existe entre la vulnerabilidad y el crimen organizado, lo que genera la necesidad de reunir a los distintos poderes del Estado, a nivel local, provincial como nacional, para generar instancias de reflexión, cooperación, colaboración y articulación de las políticas públicas.
Se observó que cada uno de los poderes cuenta con instituciones propias que actúan sobre la temática o que tienen capacidad de influir sobre ella, como también lo tienen organizaciones de la sociedad civil y de diversos
cultos, pero que sin instancias de articulación y colaboración, se obtiene un
conocimiento y una capacidad de actuación parcial sobre el fenómeno.
Esta mesa se propone generar esa instancia de articulación del Estado y
las organizaciones de la sociedad, dando lugar a un espacio de cooperación,
integración y coordinación de la información, con el objetivo de optimizar las
acciones en forma transversal y integradora, garantizando la presencia del
Estado y aminorando las situaciones de vulnerabilidad social que la
problemática genera.
