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La administración fenecida en diciembre de 2015 apeló, entre otros recursos, a la “fabricación en serie” de policías comunales con bajísimo nivel de instrucción y al inicio de un peligroso y poco eficiente despliegue de fuerzas federales en los territorios en los que la inseguridad se incrementaba. Ahora pareciera que la gestión de Patricia Bullrich tiende a cometer los mismos errores de sus antecesores.
Expertos consultados coinciden en que el constante “paseo” de tropas de Gendarmería y/o Prefectura por terrenos que no son aquellos para los que específicamente fueron entrenados, no tiene mayor utilidad que el efecto mediático tendiente a demostrar “que se está haciendo algo”.
Aún están frescas las imágenes de policías federales, desplegados en el municipio de San Martín sin directivas concretas y con las famosas guías de calles para conductores comunes, intentado acudir a una presunta escena de crimen sin tener la menor idea si el hecho había ocurrido cerca o lejos de su posición geográfica.
Siendo el número de efectivos federales “finito”, las diferentes “urgencias” para saturar una determinada zona con uniformados se fueron cubriendo hasta el presente ordenando a las distintas jefaturas “desvestir un santo para vestir otro”.
En las últimas semanas crecieron los rumores sobre una readecuación de la única autoridad marítima, la Prefectura Naval Argentina, lo que constituye una maniobra que pondría en peligro el control marítimo y fluvial del país.
El Mar Argentino
El Mar Argentino reconoce tres zonas básicas, las primeras 12 millas marinas (22,2 kilómetros) contadas desde la línea de más baja marea de la costa, constituyen el llamado mar territorial. Esta zona es la prolongación misma del territorio seco.
Desde las 12 a las 24 millas se encuentra la zona contigua. En este sector de mar, entre otras cosas, se ejerce plenamente el poder de policía del Estado por ejemplo en persecución de un ilícito.
Luego y hasta la milla 200 se encuentra la Zona Económica Exclusiva, donde si bien la soberanía no es plena, el país se reserva los derechos en materia de recursos pesqueros, petroleros y cualquier otra riqueza existente en la superficie, lecho y subsuelo marino.
Estos tres sectores comprenden 2.800.000 kilómetros que deben ser custodiados por medios ciertamente escasos, entre los que se incluyen los pertenecientes a la Prefectura Naval y a la Armada Argentina.
El Estado, en virtud de su propia legislación y de convenios internacionales vigentes, tiene diversas responsabilidades que exceden un simple control policial. La seguridad de la vida humana en el mar, la prevención de la contaminación, la búsqueda y rescate de navegantes en peligro, el control y habilitación de tripulantes y buques y el ejercicio del rol de Estado Rector de Puertos , son solo algunos.
Cientos de pesqueros ilegales roban los recursos ictícolas argentinos en el borde de la Zona Económica Exclusiva por varios miles de millones de dólares al año, eludiendo los pobres controles navales y aéreos que el país efectúa.
La actividad pesquera clandestina no es un delito sino una contravención que tiene una penalidad pecuniaria (multa y decomiso de la pesca), aunque suele ocurrir que los pescadores furtivos al ser descubiertos intentan darse a la fuga, lo que sumerge al infractor en un terreno delictual.
La medida que según ha trascendido pretende imponer la cartera que conduce Patricia Bullrich propicia replegar a los hombres y medios de la PNA solo a las 12 millas mar adentro. El objetivo es disponer de más recursos humanos (entrenados a costa del Estado para patrullar las aguas) para perseguir piratas del asfalto o atender la cuadricula suburbana.
Consultados miembros de la Asociación de Peritos Navales indican: “El poder de policía de la Nación no puede ser delegado en la autoridad militar (en este caso la Armada) ya que la propia ley de seguridad interior lo prohíbe y además cualquier procedimiento militar para reprimir una contravención sería inmediatamente repudiada por las autoridades del país del buque infractor e incluso por las autoridades judiciales argentinas”. “Nadie imagina a un tanque del ejercito controlando el paso de camiones en una ruta nacional”, ejemplificaron.
Dado el alto nivel de depredación de los recursos marinos, lejos de retirar a una fuerza netamente formada para controlar el mar, debería considerarse dotar a las unidades militares de personal de PNA a los efectos de que ante un ilícito posicione desde sus medios a los agentes de seguridad, que son los únicos facultados para labrar las actuaciones respectivas. Así se hizo en el Operativo Escudo Norte del que participó la Gendarmería.
De acotarse el accionar de la autoridad marítima, quedarían desafectados del control del mar 5 patrulleros de altura de la Prefectura diseñados para navegar en el mar profundo.
Si bien en la oficina de comunicación del Ministerio de Seguridad no se confirmó la inminencia de la medida, fuentes confiables de esa cartera indican que la misma está en estudio. Con el peligroso agravante de sostenerse en ese ámbito que “mientras la Prefectura está sobre exigida, la Armada no tiene en el presente un rol concreto de actuación”. Lo que indica lo poco claro que tienen algunos funcionarios la misión de instituciones fundacionales de la Patria.
Fuente: infobae.com
