¿Por qué Internet es costosa y de mala calidad en la Argentina?

No funciona. Es muy lento. No se puede ver Netflix. Se cae cada dos minutos. No hay señal. Las cinco frases sintetizan buena parte de la experiencia de conectividad digital de los argentinos. Es que los problemas en el uso de Internet y de telefonía celular se han convertido en una queja casi permanente por parte de los usuarios, y mucho más aún en lugares alejados de los grandes centros urbanos. No sólo eso, además de ineficiente tecnológicamente, en términos de velocidad y cobertura, el servicio es caro si se lo compara con países del primer mundo y con otros de la región.

Todo esto en un contexto de cambios que se dan a la velocidad de la luz, con movimientos importantes en las empresas de telecomunicaciones locales, con cuestiones legales por dirimirse en breve y con la tecnología que no pide permiso. Mientras se regula e intenta legislar, el cuádruple play –la posibilidad de recibir telefonía fija y móvil, Internet y televisión por el mismo “caño”– avanza y vuelve a Internet más indispensable que nunca. Es que por ese acceso digital llegan los datos para “todo”, desde navegar y usar aplicaciones móviles, hasta ver contenido audiovisual, como televisión tradicional y las tan de moda plataformas on demand. Así, sistemas como Youtube y Netflix reinan entre los gustos “televisivos” de los argentinos con contenidos que ya no llega al living de las casas por el broadcasting tradicional, sino en forma de bits.

“Queremos que todos los argentinos estemos conectados, que tengamos acceso a Internet y buena conexión en los celulares”, auguró el presidente Mauricio Macri en marzo de este año en la Asamblea Legislativa. Pero la convergencia que Cambiemos pregona desde el minuto cero de su gestión, está tardando bastante en llegar.

Datos que sorprenden

Según cifras del Indec de marzo, en la Argentina hay unos 7,4 millones de accesos fijos a Internet (6,8 millones en hogares) y 27 millones usan datos desde sus móviles. Si bien unos 31 millones de argentinos utilizan la red, el 30% del total de la población aún no está conectado.

Con respecto a las velocidades de acceso, un ranking de Cable UK pone al país en el fondo de la tabla: de 200 países analizados, Argentina ocupa el lugar 159, lejos no sólo de los primeros lugares (Singapur, Suecia y Taiwan), sino que también de varios países de la región. Entre los vecinos, están más abajo Bolivia, Paraguay y Venezuela.

A nivel local, la velocidad de descarga tiene un promedio de 3,2 Mbps, lejos de los 20 de EEUU y también debajo de los 6,1 Mbps de Uruguay y los 4,7 de Chile. Y eso no es lo peor: el rango de velocidad con más usuarios está entre 1 y 6 Mbps. Además, la distorsión de lo que paga cada argentino por el servicio llega a ser enorme, según el Observatorio de Internet en Argentina (OIA). El precio promedio del megabit por segundo (Mbps), en el caso de Internet fija, es de $99,7. El mínimo registrado fue de $2,7 y el máximo encontrado, $1.089,8, lo que representa una diferencia de más de 300 veces, según publicó Infobae en julio. Una diferencia ridícula. En dólares, el Mbps local promedio cuesta USD 3,2, mientras que en EEUU es de USD 1,9 y en México USD 2.

“Que la conexión no sea buena es un negocio para muchos; además, la infraestructura está atrasada y perimida. Y el Estado lo permite. Según los datos que relevamos, el mega más barato se paga en manzanas de Recoleta, Belgrano y Barrio Norte: sí, las empresas cablean mejor algunas manzanas elegidas de una Ciudad. El más caro es en Villa Madero, en el Conurbano. El acceso a la red debería ser un derecho básico, sobre todo en países en desarrollo que quieren crecer”, asegura Sergio Rosemblat, integrante de este Observatorio sin fines de lucro que existe desde hace cinco años.

Por todo eso, además, los servicios de comunicaciones (Internet, telefonía móvil y fija, TV por cable y satelital) son los más denunciados en lo que va de 2018 ante la Dirección nacional de Defensa del Consumidor, con un 27% sobre el total de reclamos. El motivo de denuncia más frecuente es por inconvenientes con la prestación de servicios: incumplimiento total (28%), prestaciones defectuosas o parciales (24%) y procesamiento del pedido de baja (23%).

Como se dijo, el de la televisión paga es otro mercado cruzado por Internet. Según la consultora Business Bureau, en el país hay unos 11 millones de abonados (cable y satelital), con una penetración de 78%, la más alta de la región y con abono básico promedio de USD 33 que también está al tope.

Un contexto cruzado por la política

Del lado de las empresas –las responsables primarias de que el servicio sea malo y caro–, todos protestan y se sienten “perjudicados” por el Gobierno. Todos es todos: no hay nadie que no se queje.

El 30 de junio, el Gobierno terminó de aprobar la fusión entre Cablevisión, del Grupo Clarín, y Telecom Argentina, una de las dos grandes empresas de telecomunicaciones del país que surgió luego de la privatización de Entel, en los ’90. El nuevo gigante tiene un valor de mercado de USD 14.000 millones –en el podio de las empresas más grandes del país– y concentra el 56% de las conexiones de banda ancha, el 40% de la TV por cable y el 34% de la telefonía móvil.

“Para que tengamos el sector de servicios de comunicaciones móviles y de tecnología de la información que necesitamos, el mercado tiene que ser más dinámico. Y esto dinamiza el mercado“, dijo Esteban Greco, titular de Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) el día que autorizó el negocio. La CNDC le exige a la nueva fusionada desprenderse de 143.464 clientes de Internet en cinco provincias y devolver hasta 80 Mhz de espectro radioeléctrico.

Tanto Telefónica como Claro, las otras dos grandes empresas del rubro, denunciaron la aprobación de la fusión ante la Justicia. Alegan que el nuevo gigante concentrará casi el 60% del mercado de banda ancha fija a nivel nacional y hasta 90% en determinadas ciudades. Además, hablan de “trato discriminatorio”, ponen en duda futuras inversiones y afirman que la medida, lejos de dinamizar el mercado, le pone un “freno”.

Mientras tanto, el Senado le dio media sanción a la llamada “Ley corta”, que busca que los operadores compartan infraestructura y prorroga aún más, hasta 2020, la posibilidad de que las empresas de telefonía puedan dar televisión satelital, un viejo reclamo de Claro y Telefónica. Igual, no hubo protestas: ambas empresas creen que eso ya no alcanza para competir con Telecom/Cablevisión. Pero lo cierto es que ahora casi no les conviene dar ese servicio por los costos adicionales, muchos de ellos con un componente de dólar importante. Están más interesadas, por ejemplo, en que las autoridades hagan algo para que puedan sumar algunos canales a sus plataformas móviles de video (el 13 y TN, de Clarín, por ejemplo), algo que creen sólo les ofrecen a precios que no son ni razonables ni competitivos. En esas plataformas, esperan, estará gran parte de sus ganancias futuras.

El rol del Estado

“Es cierto que la gestión Cambiemos no hizo mucho por el tema convergencia, pero es algo que viene de más atrás”, asegura Enrique Carrier, el principal analista del sector telco local. “En principio, la llamada Ley de Medios preveía que las telefónicas dieran televisión. Pero no pasó. Si eso hubiese ocurrido en ese momento, las inversiones en redes se hubieran adelantado en busca de un ingreso adicional. También hubo ‘errores políticos’ (desde el punto de vista del gobierno anterior): dejaron crecer a Cablevisión sin competencia, con combos de banda ancha y televisión. Pasó algo similar con Telecentro. Por otro lado, tampoco se buscó una infraestructura alternativa para los contenidos alternativos que prometieron. Hoy pagamos todos esos errores estratégicos“.

“Telefónica y Claro están invirtiendo en redes fibra óptica, pero ese despliegue lleva tiempo. A nivel cliente, es un escenario desparejo que se acentúa. En Capital hay competencia, con ofertas residenciales que llegan a los 100 MB, pero en muchos lugares del interior no se llega a 3 megas. Ese escenario se va acentuar porque esa infraestructura va a tardar en llegar“, agrega el analista.

Excusa o no, el consenso general del mercado, luego de la fusión, es similar: continuarán las inversiones, pero a un ritmo que se irá definiendo. “Ahora, en lugar de ir a 100 vamos a 20”, describen.

“Hay un retraso importante, es verdad. Es algo que pasa en otras industrias, también. El Estado debe brindar herramientas y condiciones para la inversión, pero en estos días, la macro influye mucho. En el mundo las empresas se fusionan, hay desinversión y los mercados crecen. Acá se quejan, pero después vienen y todos tienen algo para pedir”, dice un funcionario del Gobierno que pide off the record.

Las autoridades prometen licitar este año espectro de Arsat (más otra parte de la disinversión de Telecom), seguir impulsando el Plan Nacional de Conectividad y, si sale la “Ley Corta”, incentivar a las empresas a compartir infraestructura y a ofrecer televisión satelital.

Por ahora, parece no alcanzar. Si bien el Gobierno asegura que hoy la penetración de 4G “es la tecnología de cobertura móvil que mayor velocidad” con una penetración nacional de 53% –que llegaría al 100% en 2020–, esta semana, varios de los empresarios más poderosos del país tuvieron que hacer malabares para captar algo de señal –3G, con suerte– en un hotel cinco estrellas de Neuquén donde se reunieron para participar de un evento del B20, el brazo de negocios del G20.

Al final de la jornada, en el lobby, uno de los asistentes quiso mostrar, desde su móvil y con wi-fi, un video de Youtube. Nunca cargó. Era de un negocio cercano, vinculado a Vaca Muerta, donde esa mañana habían estado de visita el jefe de Gabinete Marcos Peña, los ministros Dante Sica y Javier Iguacel. Si bien es una zona alejada, en medio del desierto patagónico, se trata del yacimiento que para muchos es sinónimo del futuro económico de la Argentina. Allí, como ocurre todos los días en muchos otros lugares del país, recibir una llamada fue una misión imposible. Y usar datos móviles, casi un milagro.

Fuente: Infobae.