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El Gobierno publicó hoy el Decreto 632/2018 por el que busca lograr una reducción de $ 25.000 millones como parte del plan de ajuste público encarado por Cambiemos.
La norma, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y los ministros Andrés Ibarra (Modernización) y Nicolás Dujovne (Hacienda y Finanzas), congela ingresos a la planta estatal hasta el 31 de diciembre de 2019, prohíbe la implementación de convenios de asistencia técnica, así como de bonificaciones o premios, y un recorte en gastos de movilidad y viáticos, entre otras medidas que se detallan a continuación:
Sin ingresos al Estado hasta el final de 2019
El decreto congela hasta el 31 de diciembre de 2019 designaciones y contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias. Alcanza a toda la estructura del Estado excepto a la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
También quedan al margen de la prohibición los nombramientos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Servicio Exterior y del Cuerpo de Guardaparques Nacionales.
Convenios de Asistencia Técnica
Los convenios vigentes celebrados entre el Estado y las Universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019 y no podrán firmarse nuevos acuerdos de esa naturaleza.
Estos convenios fueron cuestionados por su manejo “poco transparente” durante la presidencia Cristina Kirchner. El caso más emblemático fue el del Centro Cultural Kirchner (CCK) donde 670 empleados prestaban servicios a través de acuerdos celebrados entre el ya disuelto Ministerio de Planificación Federal y universidades del conurbano.
Bonificaciones y premios
La norma veda la instrumentación de nuevos bonos, premios, incentivos o suplementos hasta el 31 de diciembre de 2019. Los organismos que los abonen actualmente deberán informar, dentro de 30 días, cuál fue “la norma que dispuso su creación y aplicación, sus características y la planificación de su pago para el año en curso”.
Una Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público dictaminará respecto de la procedencia e impacto presupuestario de estos pagos.
“La calidad en la gestión pública depende del cumplimiento del principio de economía, esto es, que el funcionamiento de la Administración Pública propenda a la utilización racional de los recursos públicos”, señala el decreto en sus considerandos.
Gastos de movilidad y viáticos
También dentro de los 30 días, los organismos deberán informar sobre este tipo de erogaciones al Ministerio de Modernización. Deberán detallar “la evolución del pago por servicios extraordinarios, gastos de movilidad, gastos fijos de movilidad, reintegro por gastos de comida y viáticos, que avale su cumplimiento”.
Además deberán instrumentar medidas para disminuir en “un 30% en tales conceptos para lo que resta del ejercicio presupuestario en curso”.
Viajes al exterior
En los traslados en cumplimiento de misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, o en uso de becas, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto público, del personal del PEN, solo las autoridades de nivel de Ministro o Superior podrán utilizar pasajes en clase ejecutiva, con la conformidad del Jefe de Gabinete de Ministros.
En el caso del traslado de funcionarios con rango de Secretario, sólo podrán utilizarse pasajes en clase ejecutiva para viajes de duración mayor a ocho horas, siempre y cuando cuenten con la previa autorización del titular de la Jurisdicción o Entidad de la que dependan.
Además, los organismos deberán remitir un informe a la Jefatura de Gabinete con la “planificación de los viáticos, gastos de pasajes y movilidad derivados del cumplimiento de misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, o en uso de becas”. El informe deberá presentarse en 15 días y prever, asimismo, “una disminución del gasto por dichos conceptos del 30% para lo que resta del ejercicio presupuestario en curso”.
Vehículos de uso oficial
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá efectuar en 30 días un relevamiento de vehículos de uso oficial que se encuentren tanto a disposición del traslado de funcionarios como los destinados al uso operativo del área a la cual se encuentren asignados.
La norma también encomienda “la elaboración de un informe de flota óptima para cada jurisdicción u organismo relevado a los efectos de su posterior transferencia o enajenación según criterios de razonabilidad y austeridad”.
Mientras se realiza el relevamiento, el Gobierno ordenó suspender los procesos de adquisición o alquiler con opción de compra de vehículosque se encuentren en curso.
Fuente: Cronista.
