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El plan de Alberto Fernández para evitar el default, y para el que él mismo se preparó desde los tiempos en que era un colaborador directo para la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, terminará pronto su primera etapa.
Hoy se conocerá la muy agresiva oferta que presentará a los acreedores tenedores de deuda bajo jurisdicción internacional; a los que se les propondrá, en términos generales, que pierdan más del 50% de sus tenencias. Y que recién comiencen a cobrar desde el 2024 o el 2025. Y que la principal reducción de sus inversiones en el país, sea en los intereses que creían que iban a cobrar; ya que desde el 2024 sólo percibirán el 1% de lo pactado.
Por lo que se sabe, la estrategia del Gobierno de las últimas horas fue la de intentar replicar en parte la experiencia de Alfonso Prat Gay del primer trimestre del 2016 en la negociación final con los fondos buitre. En aquel momento, el entonces ministro de Economía y Finanzas, diseñó una estrategia basada en un acuerdo con dos de aquellos acreedores; al reabrir el diálogo bajo la tutela del juez Thomas Griesa. Optó por el primer fondo que había comenzado a comprar deuda casi en default en el último trimestre de 2001, Kenneth Dart de EML; al que, días después se sumó a regañadientes el poderoso Paul Singer de Elliot.
La oferta que presentó en ese momento el país, tenía el aval del magistrado neoyorquino del Segundo Distrito Sur de Nueva York, quien designó al special master, Daniel Pollack para que comandara las negociaciones; quien citó en su bufete a los abogados de los dos fondos buitre articuladamente elegidos como representativos de todos los acreedores anotados en el Juicio del Siglo. Por presión del juez y el negociador designado, NML y Elliot firmaron el acuerdo en abril de 2016; para que luego, aceptaran o no la oferta presentada, bajaran la cabeza, cobraran el dinero y renunciaran a continuar el juicio.
Cuatro años después, y con diferente tipo de acreedores, Martín Guzmán repite la estrategia. El ministro de Economía viene manteniendo contactos semisecretos desde hace algo más de una semana con varios de los acreedores internacionales más importantes, con tenencias de deuda emitida tanto bajo legislación Nueva York como nacional. Entre los contactos directos que el palacio de Hacienda viene realizado vía teletrabajo, se mencionan el BlackRock, Templeton, Fidelity y varios bancos de primera línea. Todos dentro del grupo de los denominados, “acreedores friendly”; aunque desde hace unos meses casi no los haya bajo esa descripción. Ante estos Guzmán deslizó hace una semana los lineamientos de la oferta que el ministro tiene en la cabeza y que podría presentar en los próximos días.
Si bien el ministro no fue preciso (no tiene por qué serlo aún), lo que deslizó a sus televidentes online sería una quita de capital fuerte de hasta 40%, una reducción de la tasa de interés de 50% lineal, un cronograma de pagos desde enero 2024 y el lanzamiento de un mix de bonos con un nuevo Cupón PBI como lanzamiento estrella; del mismo tipo que el diseñado por Roberto Lavagna en el canje del 2006. A todo este esquema se le deberá aplicar una quita de 10% nominal global, como retribución política para presentar el plan ante la sociedad, y que sea aprobado sin problemas por el Congreso Nacional (léase, con el apoyo del kirchnerismo).
En síntesis, el paquete incluiría una quita global de entre el 50 y el 60% y la apuesta de los acreedores a compartir el futuro crecimiento del PBI argentino como premio desde 2024. En principio, tanto BlackRock, Templeton, Fidelity y los “friendly”, directamente terminan las conversaciones de teletrabajo indignados. Hay incluso momentos de zozobra, con bonistas que directamente salen de la conferencia virtual sin saludar a sus interlocutores locales.
Desde Buenos Aires se descartaba que sería esta la posición y la actitud, y que el rechazo y la indignación de los acreedores privados, es hasta normal. Y esperable. Y que, en definitiva, se trata de una primera negociación de un proceso que puede ser largo.
Más aún partir del DNU de reperfilamiento de la deuda en dólares emitida bajo legislación local que libera a Guzmán del pago de los casi 1.350 millones de dólares del AY24 del 7 de mayo próximo. Y que como casi única obligación importante impone la necesidad de unos u$s503 millones del AA21; AA26 y el AA46 que vencen el 22 de abril. El otro compromiso importante son los casi u$s1.923 millones que habrá que liquidarle al Club de París a fines de mayo, y que ya tiene destino de renegociación particular.
Más allá de los malhumores primarios de sus interlocutores, la estrategia de Guzmán es la de retomar las conversaciones videotelefónicas virtuales en las próximas horas, para cerrar un acuerdo de caballeros con algunos de los “friendly”; para que en el momento de presentar la oferta pública, estos se sumen con nombre y apellido a la propuesta.
Luego, cuando también la avalen un puñado de entidades financieras y organismos públicos y bancos privados locales, la aceptación debería arrancar con un nivel porcentual importante (el sueño es 50%); con lo que el clima general debería ser optimista para lograr el 75% obligatorio. La maniobra es que nombres como BlackRock, Templeton y los bancos más importantes se incluyan entre los que aceptan lo oferta, para luego presionar al resto de los acreedores; replicando aquella experiencia de Prat Gay con Dart y Singer.
Así como en su momento en el 2016 se contaba con el apoyo de Griesa y su negociador Pollack, ahora se busca que el sello de calidad de la propuesta pase por un organismo más institucional: el Fondo Monetario Internacional (FMI). Descuenta el Gobierno que en la oferta que se presentará, contará con el aval explícito de Kristalina Georgieva, quien personalmente debería llamar en su rol de directora gerente, a que los acreedores avalen la propuesta argentina.
El FMI es para el sistema financiero mundial más importante que cualquier juez o autoridades local. Sin embargo, hay una diferencia importante entre el rol que cumplió el dúo Griesa- Pollack con el que pueda aportar Georgieva: aquellos tenían el poder de presionar directamente a los acreedores a que acepten la propuesta de salida del default ya que era el juez y el negociador que cerrarían el canje y le pondrían la firma al acuerdo; mientras que la del FMI sería sólo una opinión de importancia.
Fuente:Ambito
