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La estrategia le genera al gobierno beneficios electorales, pero implica estirar una agonía cuyas consecuencias serán asumidas por la Administración que resulte de las elecciones, señala el reporte Número 597 del Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa).
El BONAR 2024 es un título de deuda pública recientemente utilizado por el Estado nacional. Cumple con el doble objetivo de aportar recursos para financiar el gasto público y acrecentar las reservas del Banco Central por estar nominado en dólares.
El gobierno celebró que en el proceso de colocación de esta deuda se recibieron ofertas por U$S 1.416 millones, un monto muy superior a los U$S 500 millones que tenía previsto emitir. Algo parecido ocurrió con la emisión de deuda por parte de YPF.
La contrapartida es que los inversores exigieron tasas de interés varias veces superiores a las que acceden países vecinos.
La decisión de contraer deuda bajo estas condiciones está asociada al fuerte crecimiento del gasto público.
Según datos del Ministerio de Economía, entre 2004 y 2014 el gasto público nacional pasó del 20% del PBI al 33% del PBI. Es decir, al cabo de 10 años el gasto público creció 13 puntos porcentuales del PBI.
Para tener una idea de magnitud, este aumento equivale a 2 veces lo que se invierte en educación pública.
Tan relevante como el crecimiento del gasto público es la forma en que se financia el incremento. Con datos oficiales del Ministerio de Economía se puede estimar que entre los años 2004 y el 2014:
La presión impositiva aumentó en 8 puntos porcentuales del PBI de los cuales la Nación se apropió de 6 puntos y el resto fue a las provincias vía coparticipación.
Las transferencias del Banco Central, ANSES y otros organismos públicos se incrementaron en 2 puntos porcentuales del PBI.
El resto, o sea 5 puntos del PBI, fue aumento del déficit fiscal.
Estos datos oficiales muestran dos fenómenos muy importantes.
Por un lado, que el gasto público nacional aumentó un 67% por encima de lo que creció la economía.
Por el otro, que menos de la mitad de ese aumento se financió con el inédito crecimiento de la presión impositiva.
Para el resto se apeló a consumir ahorros previsionales y reservas del Banco Central, emisión monetaria y ahora endeudamiento en dólares a tasas muy altas.
En la experiencia internacional no se encuentran precedentes de aumento en el gasto público de esta intensidad.
De todas formas, hay países de alto desarrollo que desde hace mucho tiempo tienen niveles de gasto público iguales o superiores a los que ahora tiene la Argentina.
Su importancia no radica tanto en el tamaño del Estado como en la calidad de su administración.
En la actualidad, el incremento del gasto público se usa para doblegar voluntades.
La prioridad del gasto social no es apoyar a la gente para superar la pobreza sino hacerla cada vez más dependiente del asistencialismo; el exponencial crecimiento del empleo público tiene como principal objetivo sostener la estructura política del oficialismo; y la obra pública no responde a beneficios sociales sino al sometimiento de gobernadores e intendentes y a procedimientos fáciles para la corrupción.
Este modo de gestión del Estado genera un doble perjuicio a la sociedad.
En primer lugar, porque los fondos públicos se dilapidan en dádivas asistencialistas, exceso de empleo público, corrupción e inversiones no prioritarias, en vez de organizar el sector público para promover el desarrollo económico y social.
Por el otro, porque al usar al Estado para someter voluntades se contamina la dinámica política erosionando el funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas.
Apelar al endeudamiento en dólares a tasas estrafalariamente altas en un contexto de presión impositiva record, acelerado consumo de reservas del Banco Central y la ANSES, y masiva emisión monetaria, es un nuevo escalón que sugiere el final de un ciclo.
Cualquiera sea el color político, el próximo gobierno deberá abordar con urgencia y de manera ineludible un ordenamiento profundo de las cuentas públicas.
Pero no hay que perder de vista que el desafío más grande será reorganizar el Estado bajo el régimen federal, republicano y democrático que prevé la Constitución Nacional.
Fuente: Mercado.
