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En medio de la incertidumbre legislativa generada por la campaña electoral y la tirante relación, al menos en las declaraciones públicas, de la CGT con el Gobierno por la crisis económica, el Senado comenzará a discutir hoy un proyecto de ley que impulsa una regularización del trabajo no registrado mediante una amplia condonación de deudas y multas para los empleadores.
El debate comenzará a partir de las 16 en un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, al que está invitada la CGT . La delegación sindical estará encabezada por Héctor Daer (Sanidad), uno de los líderes de la central obrera.
La iniciativa fue presentada por el senador Roberto Basualdo (Cambiemos-San Juan), pero forma parte de la denominada “agenda productiva” que impulsa el Poder Ejecutivo y que tiene como usina al ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica.
“Es la típica maniobra del Gobierno para no hacerse cargo de sus proyectos por si fracasa su trámite parlamentario”, aseguraban anoche voceros peronistas.
El texto es una copia con ligeros cambios de uno de los tres capítulos de la amplia reforma laboral que el Gobierno impulsó durante 2016, con acuerdo de la CGT, y que fracasó luego de que Pablo Moyano relacionara la iniciativa con la ley Banelco sancionada en la administración de Fernando de la Rúa.
Ante estas divergencias sindicales, el presidente del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto (Río Negro), decidió restarle apoyo al proyecto que, desde entonces, quedó en el olvido.
Aquella postura vuelve a repetirse ahora en los despachos peronistas. “Si no hay acuerdo de la CGT, no vamos a acompañar el proyecto”, es la postura que esgrime desde hace tiempo Pichetto en materia de iniciativas laborales.
Por lo tanto, la palabra de la CGT en el plenario de esta tarde será de vital importancia para el futuro del trámite legislativo del proyecto, al menos en la Cámara alta.
En ese sentido, los miembros peronistas de las comisiones de Trabajo, que preside Daniel Lovera (PJ-La Pampa), y de Presupuesto y Hacienda se reunirán esta mañana, horas antes del plenario, para fijar la postura del PJ sobre el proyecto.
Blanqueo y exenciones
La iniciativa en estudio impulsa un blanqueo laboral durante un año que se contará a partir de que el Poder Ejecutivo reglamente la eventual ley.
Como parte de los beneficios para los empleadores que regularicen a sus trabajadores, se incluye la extinción de la acción penal y de infracciones y multas en materia laboral y de seguridad social, y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.
Gozarán de estos beneficios aquellos empleadores que regularicen a sus trabajadores dentro de los 30 días de denunciada la irregularidad por parte del dependiente.
Por su parte, lo trabajadores registrados por aplicación de este plan tendrán derecho a computar hasta 60 meses (5 años) de servicios con aportes, que serán calculados sobre un monto mensual equivalente al promedio del salario básico inicial del convenio colectivo aplicable a la relación laboral.
El proyecto también contempla una cláusula de promoción del empleo, por la cual las empresas que tomen nuevos trabajadores durante el plazo que dure el blanqueo gozarán de la exención de las cargas patronales destinadas al sistema previsional por el término de dos años.
Una hora antes del plenario para tratar el blanqueo laboral, a las 15, está convocada la Comisión de Salud para discutir el proyecto que crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet).
La agencia tendrá por finalidad establecer las prácticas, las prestaciones y los medicamentos contemplados en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
La propuesta fue presentada por el Gobierno en 2016, pero también quedó congelada luego de que la CGT dejara al desnudo sus divisiones. La propuesta apunta a terminar con la ola de juicios que afrontan las obras sociales sindicales por la cobertura en prácticas y medicamentos. Desde la oposición, la iniciativa es criticada con el argumento de que servirá para recortar el PMO en detrimento de los afiliados.
Fuente: La Nación
