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El avance de la soja en los campos de la Argentina se convirtió en una de las postales de la década. El “yuyo” pasó de ocupar 9 millones de hectáreas a principios de la década a más de 20 millones hoy. Y el ingreso de dólares del sector sojero sumó unos de U$S 20 mil millones el año pasado, cerca del 30% del total que la Argentina vende al mundo, clave para la generación de divisas con una balanza comercial en caída.
El modelo de producción a base de semillas modificadas que resisten herbicidas, sin embargo, está en un punto de inflexión: protestas sociales frenan inversiones, organismos internacionales cuestionan su efecto en la salud y ahora también el Gobierno se enfrenta con la empresa emblema, la semillera estadounidense Monsanto, por el cobro de regalías.
Licencia social. Uno de los herbicidas, el glifosato, recientemente fue considerado potencialmente cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (IARC-OMS) mientras que en las últimas semanas se presentaron nuevos informes sobre el aumento de casos de cáncer en poblaciones cercanas a los campos de soja, como el caso de Monte Maíz, en Córdoba, donde una persona cada tres que mueren lo hace bajo un diagnóstico de cáncer, mientras que en el país esa relación es de un caso de cáncer cada cinco muertes.
Previamente, los vecinos de Malvinas Argentinas en Córdoba, habían bloqueado en la Justicia una planta de Monsanto, que había negociado con la provincia y la Nación invertir US$ 1.600 millones para procesar maíz transgénico. Y en la localidad de Ituzaingó, también en Córdoba, corazón de la zona productora que abarca también a La Pampa y Santa Fe, se responsabilizó a tres productores por la fumigación con glifosato cerca de áreas urbanas. Desde las compañías, sostienen que el glifosato puede aplicarse a 150 metros de las poblaciones urbanas, pero los fallos judiciales sientan precedentes en un rango va del mínimo de 800 metros a los 1.200 metros.
Mercados. La Unión Europea limita el ingreso de cultivos genéticamente modificados. Quienes defienden el modelo de OGM señalan que el límite europeo intenta “favorecer a sus agricultores con argumentos ecológicos y de cultivos orgánicos”.
Según Medardo Avila Vázquez, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y uno de los responsables del informe sobre Monte Maíz, “también afecta las exportaciones, porque el glifosato viaja con los granos. El límite tolerable en algunos mercados es de 20 mg de glifosato por kilo de soja pero en algunos casos llega a 116 mg por kilo en lo que produce la Argentina hoy”.
En doce años, la soja pasó de representar el 38% del área sembrada a casi el 60% del total, incluida la expansión de la frontera agrícola.
La voz oficial. “Hubo un desplazamiento del ganado, del trigo, que en términos absolutos siguen siendo actividades rentables”, explicó el secretario de Comercio, Augusto Costa, en una reunión donde analizó los desembolsos de subsidios a pequeños productores agrícolas. “Lo que hay que hacer es alterar la rentabilidad relativa de la soja, con retenciones y con cupos de exportación y administración del abastecimiento del mercado interno”, aseguró. En ese marco, defendió el intento de 2008 de aplicar retenciones móviles para que los precios internos no se vean afectados por los internacionales en el caso de las fuertes subas. En ese año, la tonelada de soja batió todos los récords y cotizó por arriba de los 600 dólares. Hoy, está cerca de la mitad.
Consultado sobre si el Gobierno permitió que se expandiera la frontera sojera por su peso en el ingreso de dólares, Costa indicó que “las retenciones representan sólo el 11% de la recaudación”. “No dejamos sojizar”, agregó el funcionario que llegó a Comercio de la mano de Axel Kicillof en 2013.
Semillas. La última novedad para los sojeros fue la reacción del Gobierno en un conflicto de productores por las regalías. Los ruralistas, a través de distintas asambleas y desde la Mesa de Enlace, reclamaron por su derecho de conservar, multiplicar e intercambiar las semillas. La Casa Rosada prometió emitir un decreto y terciar en la disputa en contra de Monsanto. Hace diez días el jefe de Gabinete Aníbal Fernández anticipó la intención del Ejecutivo de modificar por decreto el pago de derechos de propiedad y la creación de un fondo fiduciario para fomentar biotecnología.
Para el gerente de Arpov, la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales, Roberto Enriquez, hay “un diálogo de consenso” con el Gobierno pero esperan más precisiones sobre cómo se intrimentará.
La ley de semillas –a la que el movimiento campesino rebautizó “ley Monsanto”– es “positiva” según la empresa en cuestión, aunque reconocieron que “preocupa que mediante un decreto o ley afecte derechos adquiridos protegidos por la Ley de Patente y Tratados internacionales”. En la misma línea, Syngenta coincide con la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), que nuclea a las empresas biotecnológicas que remarcan que sólo el 15% de las semillas están registradas y reclaman también por la “propiedad intelectual”.
Presidenciables no tienen una posición únificada
En el esquema de producción argentino, los dólares del campo permiten solventar las importaciones de la industria y, de esa forma, el empleo, el dilema central de la ecuación de este Gobierno y los que aspiran a sucederlo.
La agroindustria logró en 2014 un superávit de US$ 37.924 millones que permitieron financiar el déficit industrial de U$S 26.863 millones, según explica un análisis de la consultora DNI, de Marcelo Elizondo. En ese contexto, las señales de los posibles candidatos a la presidencia apuntan a mejorar la relación con “el campo”.
Mauricio Macri llevó a la Mesa de Enlace una propuesta para bajar las retenciones a la soja de a cinco puntos por año hasta eliminarlas en siete años mientras que prometió eliminar los derechos de exportación al resto de los productos, una medida que recibió el visto bueno de la Sociedad Rural.
La promesa fue cuestionada por el secretario de Comercio Augusto Costa, ladero de un ministro que podría seguir con el sciolismo. Por su parte, uno de los asesores de Daniel Scioli, el economista Miguel Bein, reconoció la fuerte expansión de la frontera agrícola de 12 millones de hectáreas a 20 millones en la última década y defendió la necesidad de tener “mayor productividad” para crecer –a nivel general, industria incluida– alrededor del 5% con 7% de desempleo.
Destruyeron cincuenta silobolsas en Córdoba
La Sociedad Rural de Leones denunció que hubo ataques y roturas sobre unos cincuenta silobolsas, que afectaron unas 6 mil toneladas de maíz y soja almacenados en esas bolsas usadas por los productores para stokear producción.
Según relató al diario La Voz del Interior, Guillermo Sarboraria, se hizo la denuncia en sede policial, y se dio aviso al ministro de Gobierno y Seguridad provincial, Walter Saieg.
Las silobolsas afectadas están ubicadas en la zona norte de Leones para resguardar los granos tras las inundaciones que se produjeron en la zona por las abundantes lluvias del verano pasado.
En tanto, desde el Gobierno más de una vez se acusó a productores rurales de guardar la producción para especular con el tipo de cambio a la espera de una devaluación. De hecho, la liquidación de cereales es clave para las reservas.
Fuente: Patricia Valli.
