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El Gobierno anunció hoy el envío al Congreso de un proyecto de ley sobre economía del conocimiento, con la que se proyecta generar 215.000 nuevos puestos de trabajo y llevar las exportaciones del sector desde los u$s 6300 millones actuales hasta u$s 15.000 millones en 2030.
Así lo explicó el ministro de ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, luego de un anuncio que efectuó esta mañana el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada. Según pudo saber El Cronista, la iniciativa ingresaría mañana al Parlamento.
“El Presidente está firmando un borrador del proyecto de ley de Conocimiento que estamos enviando al Congreso para su tratamiento”, señaló Sica esta mañana durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
El ministro realizó el anuncio acompañado por el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, y empresarios del sector beneficiado por el proyecto.
“Es un trabajo que venimos realizando hace un año y lo trabajamos en equipo, no sólo con otros ministerios sino con los propios empresarios del sector”, remarcó. El ministro destacó además, que el proyecto “tiende a reemplazar la ley del software, que vencerá a fin de año”.
El objetivo del Gobierno es potenciar a uno de los sectores con mayor dinamismo, que emplea a unas 400.000 personas con alta capacitación.
Al respecto, Sica destacó que es una actividad muy federal, con clusters establecidos en varias provincias, para lo que fue clave también “la inversión que se viene haciendo para mejorar la conectividad digital”.
Hoy la economía del conocimiento atraviesa a casi todas la actividades productivas y compite palmo a palmo con la industria automotriz en el podio de los principales sectores exportadores, sólo superadas por el complejo sojero.
Se trata de un sector altamente superavitario en materia de intercambio comercial, que en 2018 vendió servicios al exterior por u$s 6300 millones.
Se espera que una vez que estén en vigencia los beneficios que establece el proyecto de ley, las exportaciones del sector puedan alcanzar los u$s 15.000 millones en 10 años.
“Consideramos que el costo fiscal será de alrededor de u$s 3500 millones”, aclaró el ministro ante una consulta de El Cronista, y explicó que en verdad es más bien una “resignación de impuestos”, que en parte es compensada por mayor actividad y empleo. Además, parte de estos recursos ya están contemplados en el Presupuesto 2019 por la ley del software y con la nueva ley se considerarán en la ley de Presupuesto del año próximo.
Incentivos y beneficios
“La ley recoge el aprendizaje de la ley de software pero ampliado ahora a otros sectores como biotecnología, robótica, producción audiovisual, servicios de consultoría para exportación, además del software“, señaló Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación.
La batería de beneficios fiscales previstos van desde una disminución de la alícuota de Impuesto a las Ganancias al 15% y estabilidad fiscal para empresas del sector, hasta menor costo laboral, vía el adelanto del Mínimo no Imponible de contribuciones patronales que la reforma tributaria prevé para 2022.
También incluye un bono de crédito fiscal transferible, equivalente a 1,6 veces las contribuciones abonadas sobre el mínimo no imponible. Este bono de crédito fiscal puede usarse para cancelar tanto IVA como Ganancias.
Gracias a la estabilidad fiscal, las empresas no podrán tener aumentos en su carga tributaria total nacional a partir la inscripción en el Registro y durante toda la vigencia del mismo, incluyendo los derechos de exportación fijados por primera vez en agosto de 2018.
Además, hasta un tope de u$s 600.000 por año, las exportaciones de la industria del conocimiento no pagarán derechos de exportación, tal cual lo establece el decreto 1201/2018.
Así será el único sector que no pague retenciones por exportaciones hasta cierto monto.
Ante una pregunta sobre si los beneficios fiscales compensan de alguna manera el impacto de las retenciones en el sector, Sica contestó con rostro serio que pensar de ese modo “es tener una mirada corta, porque ésta es una ley para el largo plazo”.
Para recibir los beneficios que establece el proyecto, las empresas deben ser elegibles a partir del cumplimiento de ciertos requisitos, como acreditar que el 70% de la facturación proviene de estas actividades.
También serán beneficiadas aquellas empresas de la economía del conocimiento que destinen el 3% de su facturación a investigación y desarrollo (I+D), las que asignen el 8% a actividades de capacitación de sus recursos humanos o acrediten al menos el 13% de sus exportaciones en estas actividades.
Fuente: Cronista.
