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La tensión entre el gobierno nacional y el juez federal Claudio Bonadio no da tregua. A poco de ser apartado de la causa que investiga los negocios hoteleros de la familia presidencial, el magistrado ordenó previamente allanamientos en la sede del Ministerio de Planificación Federal, YPF y Enarsa en el marco de un expediente que analiza sospechosas importaciones de gas.
“Por lo visto hay allanamientos para todos y todas”, dijo ayer el ministro Julio De Vido. La contestación no terminó ahí: la cartera que dirige emitió hoy un comunicado en el que negó irregularidades en la compra de gas y criticó con dureza el procedimiento llevado adelante por el juez.
El ministerio aseguró que las adquisiciones de gas fueron hechas de acuerdo los procedimientos que exige la ley. “Los concursos se realizaron en forma pública, transparente y en el marco de las normas vigentes y tuvieron el objetivo claro de garantizar el suministro de gas en nuestro país”. La nota explicó que “lo que hizo el juez fue un requerimiento de información con intimación de allanamiento a través de la policía Metropolitana” y agregó que la documentación solicitada “hubiera sido remitida sin necesidad de tal intimación ni de dicha fuerza en un marco de sobreactuación, que solo busca plantear la operación mediática”.
El comunicado sostuvo que la medida de Bonadio responde a intereses plenamente electoralistas. “Resulta sugestivo que luego de casi un año de realizada la denuncia por los diputados (Federico) Pinedo, (Patricia) Bullrich y (Laura) Alonso, e impulsada la causa por el fiscal (Carlos) Stornelli, se lleve esta medida en la víspera electoral, sin que se haya solicitado antes ningún tipo de documentación al Ministerio por medio de oficios o pedidos de remisión de información”.
De Vido recordó asimismo que el ministerio “colabora en esta y en todas las causas en las que se investigan actos de gestión aun cuando sean sus propios funcionarios los investigados, por lo que no se entiende desde el punto de vista de la realidad de la causa, la espectacularidad de la medida ordenada”.
Tras denunciar que “en la década neoliberal se implementaron políticas energéticas que dilapidaron y entregaron nuestro gas, exportándolo a precio vil sin reservas justificadas” recordó que “a partir del incremento explosivo de la demanda producto del modelo de crecimiento, desarrollo e inclusión iniciado en 2003, el Estado Nacional debió implementar un proceso de compras de gas natural licuado para garantizar el suministro de hogares e industrias y apuntalar el crecimiento de la economía, que fue completamente transparente, público y cristalino”.
“Este proceso de compras fue realizado hasta 2012 a través de Enarsa, empresa que debimos crear porque el Estado se había quedado sin injerencia en el sector, y luego en 2012 cuando la presidenta tomó la decisión de recuperar YPF resultó ser más conveniente que lo realizara la petrolera de bandera de todos los argentinos”, explicó De Vido.
Resaltó, finalmente, “que en forma paralela desde el año 2003 se han implementado políticas promocionales que permitieron entre otros logros el descubrimiento de Vaca Muerta, que sin dudas cambió el horizonte energético de nuestro país y se planificó un sistema de gasoductos federal e inclusivo que cuando concluya el GNEA cubrirá todas las provincias”.
La respuesta de Enarsa
Como De Vido, Energía Argentina (ENARSA) sostuvo en una nota lo que ordenó Bonadio “fue un requerimiento de presentación con allanamiento en forma subsidiaria a partir de una denuncia realizada el año pasado por diputados del PRO sin que hasta ayer se hubiera recibido solicitud alguna de documentación por parte del juzgado por medio de oficios o pedidos de remisión de información, que por supuesto hubiera sido remitida sin necesidad de tal intimación ni uso de una fuerza de seguridad como la Policía Metropolitana.”
” Es evidente que se trató de una operación de espectacularidad para concitar la atención de los medios de comunicación”, indicó el mensaje.
Enarsa señaló que su operativa está sometida a controles de la SIGEN u la AGN y “cumple con todos los pedidos de informes que realiza el Congreso”. Añadió que las adquisiciones de gas natural licuado realizadas desde 2012 se hicieron mediante concurso de precios a partir de de un pliego de bases y condiciones de contratación en el cual se establecían los requisitos para
Tras detallar la metodología empleada para ello, aseguró que “todos los concursos fueron transparentes, públicos y auditados por todos los organismos competentes”.
Fuente: Infobae.
