El presidente Mauricio Macri encabezó ayer un acto en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa de Gobierno en el que se firmó un nuevo acuerdo sectorial. Esta vez, es para la promoción y el desarrollo de la biotecnología.
Como adelantó este diario, el entendimiento tiene cinco ejes fundamentales entre los que se destacan reglamentar La Ley de Biotecnología que data de 2007, desarrollar inversiones por u$s 670 millones, aumentar las exportaciones, fortalecer la transferencia entre el sistema científico-tecnológico y el productivo, y generar empleo de calidad.
La reglamentación de la ley que espera desde hace 10 años implica que las empresas podrán llevar adelante una amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del IVA por la adquisición de bienes de capital. “Estos incentivos mejoran la competitividad del sector, viabilizan inversiones y favorecen la innovación”, explicó el Ministerio de la Producción mediante un comunicado.
Además, el Estado nacional “se compromete a mejorar los procesos de registro público para que sean más ágiles y favorezcan la innovación”, algo que desde el sector privado señalan como central para la competitividad.
El secretario de Transformación Productiva Lucio Castro explicó a El Cronista que, a diferencia con otros acuerdos donde la tercera pata son los sindicatos, en este caso “es la articulación entre la ciencia básica y la aplicada”.
Una de las cláusulas señala un crecimiento exportador del sector privado, algo que Castro señala con mucho potencial. “Hoy básicamente el sector exporta a América latina, hay mucho mercado para crecer en vacunas, en productos como vacas y caballos clonados, etc”.
Luego de adelantar que se está trabajando con otros sectores para firmar acuerdos similares, el funcionario señaló que el régimen “funciona por proyectos. Las empresas van a presentar los proyectos y nosotros vamos a proveer un esquema en donde estén todos los ministerios intervinientes agro, salud, industria y ciencia y tecnología y, una vez aprobado el proyecto, se le otorga el beneficio”.
Uno de los empresarios más conocidos del sector es Hugo Sigman, dueño y CEO del Grupo Insud, quien se refirió al entendimiento “como la ayuda” estatal que necesitaba el sector.
“En todo el mundo las inversiones de este tipo reciben ayuda estatal. En la Argentina, se invierte 0,6% del PBI en investigación y desarrollo, es muy bajo. A esto se le suma que en nuestro país el 85% de la inversión es pública y el resto privada, cuando en el resto del mundo es al revés, porque hay créditos fiscales para investigación. Esto va a ayudar a ir en ese camino”.
Luego de asegurar que una de las “ventajas” locales es “la calidad de la mano de obra local”, el empresario que acaba de recomprar el laboratorio Phoenix, señaló que “esto (por el acuerdo) tiene que tener continuidad y perpetuarse”.
Fuente: El Cronista