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Ni la Cámpora, ni los gremios díscolos, ni los buitres más duros que rechazaron la propuesta oficial. Por estas horas, el principal enemigo que enfrenta el Gobierno es la suba de precios.
La búsqueda de un villano a quien endilgarle la culpa volvió a ser, como tantas veces en la historia argentina, un tema de actualidad política y principal asunto de debate en el arranque de la gestión macrista.
Todavía sin datos oficiales del INDEC y justo en la antesala de las paritarias, el presidente Mauricio Macri alertó que, como consecuencia de un largo proceso que se extendió por unos ocho años, la sociedad está sufriendo una inflación que pasó a ubicarse en “niveles inaceptables”.
Según el mandatario, la aceleración de los precios “ha llegando a un punto en el que el daño que ha ocasionado es mucho”.
“El gobierno que se fue aumentó más y más los impuestos y gastó más de la cuenta. Y esto nos llevó a tener un índice de dos dígitos, uno de las más altas del mundo”, disparó Macri, apuntándole de lleno a la herencia kirchnerista.
En el equipo económico hay un fuerte convencimiento de que combatir la suba de precios será una batalla de largo aliento.
De heho, el titular del Palacio de Hacienda, Alfonso Prat Gay, reconoció abiertamente la decisión de adoptar una meta gradualista para controlar el índice inflacionario, dado que si se pretendiera bajar en cuestión de meses, “la única receta posible sería el ajuste”.
El propio Macri admitió que no será un camino fácil ni corto. Por el contrario, anticipó que se necesitarán, como mínimo, dos años más para “llegar a tener una inflación como los demás países de Latinoamérica y del mundo”.
Si bien en cada aparición pública los funcionarios constantemente hacen referencia a la aceleración de precios como un problema heredado de la gestión anterior, la novedad es que el macrismo comenzó a desempolvar “viejas recetas” para darle batalla a un índice que amenaza con sobrepasar el techo del 25% anual que se propuso Prat Gay.
Como parte de una estrategia que muestra varios puntos en común con algunos de los planes a los que apeló el kirchnerismo, el Ministerio de Producción está avanzando en una ronda de negociaciones con diferentes sectores industriales para fijar topes a los precios, tal como lo hiciera Guillermo Moreno, cuando estaba al frente de la Secretaría de Comercio.
Francisco Cabrera ya se reunió con fabricantes de productos escolares, laboratorios y productores siderúrgicos y el listado promete ampliarse.
Además, en línea con algunas de las prácticas de Moreno, el Gobierno macrista también apeló al boicot para intentar contener las subas.
En este caso, el protagonista fue el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, quien instó a que los consumidores dejen de consumir carne debido a los abusos por parte de los comercios.
Esta exigencia, por cierto, recuerda a lo sucedido años atrás, cuando se le declaró la guerra al tomate o cuando el gobierno K pidió que los usuarios dejaran de cargar nafta en las estaciones Shell.
Sin embargo, la medida tomada por Macri que más repercusiones generó, sin dudas fue la decisión de relanzar la Comisión Nacional para la Defensa de la Competencia (CNDC), una de las herramientas políticas utilizadas por Moreno para infundir temor en el sector empresario.
Macri afirmó que esta comisión evitaría conductas anticompetitivas y de cartelización, especialmente de los grandes supermercados, a quien considera que son formadores de precios.
“Hay mercados que no están funcionando bien” advirtió el Presidente, quien señaló que tiene la intención de “caerle duro a aquellos empresarios que han abusado de la posición dominante”.
Paralelamente, remarcó que para frenar la escalada inflacionaria, se retomarán los controles en distintos establecimientos comerciales, principalmente en los súper, que deberán publicar los listados de un amplio listado de artículos.
La novedad es que el Gobierno está puliendo detalles para lanzar una aplicación para celulares (app) de modo tal que los consumidores puedan conocer, en tiempo real, los precios de aproximadamente 1.000 productos de la canasta básica y “cuenten con la información para decidir de la mejor manera”, según comunicaron desde Producción.
El sistema permitirá que cualquier usuario sepa cuánto vale cada uno de ellos en los distintos comercios cercanos, a partir de su ubicación.
También podrá cargar un listado de artículos para saber el importe total que deberá abonar por la compra en los diferentes establecimientos y así elegir de antemano aquel que le cobre más barato.
Se tendrán en cuenta las promociones del día según las tarjetas de crédito y los beneficios que ofrezca cada punto de venta.
Aunque con mucha menos sofisticación y menor despliegue tecnológico, esta experiencia no es nueva. En 2014, por impulso de la entonces presidenta Cristina Kirchner, el Congreso sancionó varias leyes que fueron cuestionadas por parte de la oposición (incluyendo al macrismo), al considerar que se estaba avanzando hacia una “sovietización de la economía” por el papel preponderante que iba a tener el Estado.
Además de leyes favorables al consumidor en cuanto a la rapidez y a la solución de reclamos, en ese entonces se creó el Observatorio de Precios de Insumos, Bienes y Servicios en el ámbito de la Secretaría de Comercio, con el fin de intervenir en estados previos de las cadenas de valor.
El foco en la competencia
Tras un discurso pro libertad de mercado, no pasó desapercibido el hecho de que se volviera a hacer referencia a temas como las responsabilidades de los monopolios, el abuso de posición dominante por parte de los grandes jugadores, a los comerciantes que hacen “avivadas” y a la falta de información de la que disponen los consumidores.
Es una estrategia que no deja de sorprender, dados los antecedentes de los funcionarios que conforman el equipo económico, cuya formación suele menospreciar estos aspectos de la oferta de productos y pone más el foco en la política monetaria.
Los especialistas en economía son escépticos sobre el funcionamiento de estos anuncios, ya que en el último siglo hubo una decena de planes antiinflacionarios y muy pocos funcionaron.
Los gobiernos utilizaron el argumento de la falta de competitividad como factor explicativo de las tasas elevadas de inflación.
Por este motivo, en el mercado miran de reojo la decisión del Gobierno de relanzar la CNDC y de amenazar a los supermercados con la aplicación de multas, en caso de que no cumplan con la disponibilidad de la información en tiempo real.
¿Qué rol cumple Defensa de la Competencia?
La CNDC es un organismo descentralizado que, en la actualidad, depende de la Secretaría de Comercio y que tiene como objetivo proveer a la “defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados”, conforme lo consagra el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Realiza sus funciones a través de la instrucción de sumarios por denuncias de conductas anticompetitivas y abuso de posición dominante.
Además, está facultada para realizar un análisis estructural de los mercados y de la cadena de control empresario en operaciones de concentración económica, a través de investigaciones de comportamiento y estructuras en determinados mercados.
El objetivo principal de este organismo es “la protección del interés económico general”, cuyo fin es el bienestar de los consumidores, a quienes la competencia efectiva en los mercados les garantizará oferta variada de bienes y servicios, de mejor calidad, con innovación y desarrollo constante a menores precios.
Fue creada por Ley 22.262 en 1980, y está integrada por un presidente y cuatro vocales, que duran cuatro años en sus funciones, pudiendo ser renovadas sus designaciones.
Como jefe de la CNDC será designado Esteban Greco, un economista que reemplazaría así a Ricardo Napolitani, quien había llegado al organismo en 2008 desde Santa Cruz, por su cercanía con la familia Kirchner.
Durante gran parte de la etapa K fue una herramienta política más para controlar precios o favorecer a empresarios amigos del poder.
Sin embargo, los economistas dudan de la eficacia de reflotar este organismo.
“Usar la Comisión de Defensa de la Competencia o publicar los precios online no sirve para nada”, afirmó Juan Carlos de Pablo, quien consideró que las autoridades nacionales deberían sincerarse y “no decir nada” si no saben cómo van a atacar la inflación.
En tanto, el analista Eduardo Luis Fracchia, del IAE, destacó que “en términos generales, las medidas adoptadas tanto en el frente fiscal como en el monetario van a ayudar a moderar la inflación”.
Sin embargo, consideró que “la decisión de ir por el lado del control de precios no parece muy acertada”, para luego agregar que el tema pendiente es alcanzar “un consenso más generalizado, en el marco de un acuerdo social”.
Como vocero del sector empresario, el supermercadista Alfredo Coto se mostró más pesimista que el Gobierno acerca de los tiempos que se requieren para desactivar la inflación: en lugar de dos o tres años, habló de un lapso de cuatro.
Además, destacó que más que con controles, los precios se bajan “con productividad”.
“En carnes, había 50 millones de animales en 1987 y hoy tambíen estamos con 50 millones. Evidentemente, falta productividad. Esto lleva años, no va a ser tan fácil”, advirtió.
Detalle clave: falta un tribunal
La Ley 25.156 de Defensa de la Competencia de Argentina fue sancionada en 1999. Pero nunca fue aplicada correctamente, porque no se llegó a conformar el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (TNDC) que la misma normativa establece.
Dicho tribunal estuvo pensado como una autoridad técnica, independiente del poder político de turno y de los intereses del sector privado.
El gobierno anterior no mostró interés en formar el TNDC. En su lugar, siguió funcionando como autoridad de competencia la Secretaría de Comercio con dictámenes “no vinculantes” de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Según destacó el ex diputado y titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, como el tribunal nunca se creó, la ley no es operativa a pesar de estar vigente.
Por eso, dentro del macrismo hay funcionarios que pujan para que se impulsen algunos cambios en la normativa, que fue reformada en 2014.
La idea sería retomar el punto que contempla la creación del Tribunal como el último regulador en materia de defensa de la competencia.
Fuente: Iprofesional.
