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El Ministerio de Trabajo tiene a la firma una resolución para crear la comisión de Sustentabilidad Previsional, que debatirá la reforma del sistema argentino, para que comience a funcionar a partir de marzo próximo. El Gobierno ya había anticipado que el cambio de la fórmula que actualiza las jubilaciones era una medida transitoria para luego encarar una modificación integral del marco previsional.
Para eso, el Gobierno viene mirando con atención el sistema español, en particular, el Pacto de Toledo. “Nos interesa ver el caso de España, en 2002, con el gran acuerdo post Toledo, que es lo que buscamos nosotros”, explicaron en el Ministerio de Trabajo.
La Ley de Reparación Histórica previó que hasta 2019 la comisión elabore “un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto”.
Esa comisión contaría con la participación de la Secretaría de Seguridad Social, los gremios, las cajas previsionales de las provincias que no se transfirieron a la Nación, las cajas profesionales, la ANSeS, la AFIP.
Los gremios elevaron la tensión en las últimas reuniones de la comisión de fortalecimiento que fueron contemporáneas al debate de la fórmula. En las reuniones anteriores, el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, mostró su interés en el Pacto de Toledo y en la Tesorería de la Seguridad Social española.
El Pacto de Toledo es la comisión parlamentaria creada en 1995 con el apoyo de todos los partidos políticos que propuso 15 recomendaciones para asegurar la sustentabilidad del sistema de pensiones español. En 2003, publicó otras 22 recomendaciones. Y se reunió nuevamente en 2016.
Las recomendaciones incluyen la separación y clarificación de las fuentes de financiación (las pensiones contributivas se financian con las cotizaciones del trabajador y las empresas y las no contributivas, a través del presupuesto). La creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La implementación de un sistema de jubilación gradual y flexible que facilite la prolongación voluntaria de la vida laboral. El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en función del IPC. El desarrollo de sistemas complementarios de ahorro y protección social, tanto individuales como colectivos.
En los hechos, España “contempla por ley que a partir de 2027 la esperanza de vida influya en el cálculo de la pensión”, indicó un informe del Centro de la Investigación de la Seguridad Social de la UBA.
“Existe un régimen transitorio iniciado en 2013 por el que la edad legal de jubilación se retrasará gradualmente a lo largo de 15 años hasta llegar a los 67 años en 2027 (1 mes por año durante los 6 primeros años y 2 meses por año durante los últimos 9)”, explicó. “La edad legal determina el momento inicial a partir del cual se tiene derecho a percibir una pensión pública. El retraso de la edad legal de jubilación premia con mayor pensión a aquellas personas que llevan más años cotizando a la seguridad social y penaliza a los que llevan menos o perdieron su empleo”, agregó.
Para la determinación del Salario de Referencia, se llevó el cómputo de 2 años a 8 años (1985) a 15 años (2013) y a 25 años (2022).
Para el cálculo de la cuantía de la jubilación, cobrará el 100% quien aporte 37 años desde 2013, cuando entre 2000 y 2012 se necesitaban 35 años y hasta 1999, 30 años.
La jubilación anticipada consiste en una pensión inferior a la correspondiente a la edad legal: con carácter general, con un 8% de reducción por cada año de anticipación. Para la jubilación postergada, el beneficiario puede obtener una bonificación de 2 a 4% por cada año de retraso.
