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En medio de las investigaciones por hechos de corrupción de funcionarios públicos y luego de que Diputados diera media sanción a la ley del arrepentido y de extinción de dominio, el legislador del PRO, Marcelo Sorgente, trabaja ahora en dos proyectos de ley claves para la seguridad jurídica, la prevención y lucha contra la corrupción.
Por un lado, la puesta en marcha de un sistema para compartir información entre los registros de la propiedad inmueble provinciales y Ciudad de Buenos Aires, para determinar, por ejemplo, cuántas propiedades tiene una persona en todo el país y su situación nominal. Por otro, el establecimiento de un sistema para que las inhibiciones de bienes que dicten los jueces se apliquen en todo el territorio.
El escribano General de la Nación, Carlos D’ Alessio, funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, directivos del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, el Consejo Federal del Notariado Argentino, el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal y la Academia Nacional del Notariado, entre otros, se reunieron por primera vez para colaborar en las dos iniciativas del diputado por Cambiemos.
Durante el encuentro se decidió la creación de un sistema que tendrá como función principal intercambiar información registral de las Direcciones de los Registros de la Propiedad Inmueble de las provincias y CABA. De esta manera, ya no será necesario acudir al pedido de informes en cada jurisdicción para localizar, por ejemplo, cuántas propiedades tiene una persona en todo el país, la situación jurídica de ellos y, en forma complementaria, respecto a la información de las inhibiciones.
“Si bien existe un decreto que crea el SINAREPI, desde el 2010 hasta la fecha menos de la mitad de las jurisdicciones se inscribió voluntariamente y nunca se ha completado”, explicó Sorgente que esaltó que si avanza la ley “ocultar propiedades va a ser más difícil”.
A pesar de que la información registral reviste gran importancia para la seguridad jurídica de las inversiones, para establecer contratos entre personas o sociedades, para la prevención del lavado de dinero y para detectar casos de corrupción “Existe un gran vacío legal que hace que acceder a esta información sea un largo proceso”, dijo el legislador de Cambiemos.
Otro de los proyectos planteados fue la creación de un Registro Nacional de Anotaciones Personales, como organismo de primer grado capaz de identificar deudores alimentarios, inscribir e informar las inhibiciones generales de bienes que se traben en todo el territorio, y llevar el registro de personas con capacidades limitadas tal como ordena el art. 39 del CCyCN.
La inhibición general de bienes es una medida cautelar que establece la prohibición de disposición de bienes registrables por parte de un deudor. Sin embargo, al regirse los registros de los inmuebles con competencias provinciales, si una persona o entidad tiene un embargo, inhibición o determinadas medidas cautelares en una provincia, puede continuar registrando bienes inmuebles en otra.
“Es decir que si estoy inhibido en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cruzando la General Paz, del lado de provincia, puedo seguir administrando bienes, casi como una burla a la medida”, dijo Sorgente.
Fuente: El Cronista
