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El Gobierno oficializó la baja de la jubilación de privilegio y la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner que percibe la exmandataria Cristina de Kirchner, tras la condena en su contra de la Cámara de Casación en la causa Vialidad. Esta decisión quedó formalizada en la Resolución 1092/2024 publicada este viernes en el Boletín Oficial.
A raíz de este anuncio, en la víspera el Gobierno aclaró que la medida alcanzará a los exfuncionarios condenados por hechos de corrupción, lo que incluye al exvicepresidente Amado Boudou, que actualmente cumple una pena de prisión domiciliaria por el caso Ciccone, como adelantó Ámbito.
«Esto significa, para los argentinos, un ahorro, al menos de la asignación que se cobraba en mano, de unos 21.827.624,65 centavos», añadió.
Y detalló que «el beneficio previsto por la ley 24.018 para expresidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo», puntualizó.
Según aclaró, la exmandataria va a poder percibir «una pensión y una jubilación de acuerdo a sus aportes, y no por un adicional por los privilegios», y vaticinó que «es una posibilidad» que Fernández de Kirchner recurra a la Justicia para frenar la decisión del mandatario. Asimismo, Adorni aseguró que, tras la condena de la Cámara de Casación Penal en la Causa Vialidad por administración fraudulenta, la ex presidenta representa «lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño».
«La jubilación a ex mandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar de las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política», sentenció.
A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano que conduce la ministra Sandra Pettovello argumentó que «la baja dispuesta por Resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia», y la calificó como «una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
La decisión resulta llamativa dado que en mayo último, ante una consulta periodística, el presidente Javier Milei había calificadp a la jubilación y a la pensión de privilegio como «un derecho adquirido».
Tras el anuncio, el mandatario, recién aterrizado en Florida, donde participará de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) celebró: «El que las hace las paga».
Fuente: Ambito
