25°C
La República Argentina tuvo un fallo en contra en la demanda de Burford Capital (que compró los derechos de litigio de las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Energía) y Eton Park por la expropiación de la petrolera YPF en abril de 2012, tras la sentencia sumaria en primera instancia de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
El Estado Nacional tiene otras dos instancias (la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de EE.UU.) antes de que el fallo quede firme, pero deberá abonar una garantía.
Si se confirma la sentencia, la Argentina debería pagar una suma multimillonaria, que podría superar los 7000 millones de dólares y llegar incluso hasta los u$s 19.300 millones. La defensa y las apelaciones están en manos de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini.
La jueza no hizo lugar a todos los pedidos de la demanda y señaló que la empresa YPF no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional, con lo que sus activos están fuera de riesgo.
Asimismo, castigó la decisión del Estado de no hacer una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a todos los accionistas tras apropiarse del 51% de las acciones, como hubiera correspondido según el mismo estatuto de YPF. La nacionalización fue avalada por mayoría en el Congreso nacional.
En 2014, el país pagó a Repsol unos u$s 5000 millones por la expropiación de la mitad de la compañía, que hoy vale poco más de 8200 millones de dólares.
El escenario del fallo contra Argentina por YPF
En la tarde de este viernes, las acciones de Burford Capital Limited en la Bolsa de Londres aumentaban un 30%. El fondo podría pedir un embargo de activos argentinos, y el Estado, para evitarlo, puede depositar una garantía en los Estados Unidos.
Desde abril de 2015, cuando llegó el caso a los tribunales de Estados Unidos, se vio una instancia “prejudicial” hasta este momento.
La Argentina debió haber hecho una oferta pública de adquisición
Un año antes, la Argentina no había respetado el fallo del juez Thomas Griesa por los holdouts de la reestructuración de la deuda externa defaulteada en 2001 e incurrió en un nuevo default, por lo que la República sufrió embargos hasta que en 2016, el presidente Mauricio Macri ordenó pagarles a esos fondos, entre los que estaba el de Paul Singer (Elliot Management y NML Capital).
Fuente: El Cronista
