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La Presidente fundamentó esa decisión en la necesidad de “darle recursos a Arsat para que tenga sustentabilidad”. En forma colateral, la asignación de las bandas destinadas a un nuevo operador de telefonía celular echa por tierra los planes del grupo Clarín que hace pocas semanas pagó u$S 156 millones para quedarse con Nextel. Sin las frecuencias para 3G y 4G, Nextel pierde atractivo y queda condenada a desaparecer paulatinamente del mercado.
Con anterioridad, en 2011, el Gobierno también transfirió frecuencias a Arsat para dar 3G en telefonía celular, pero no hubo ley de por medio. Luego, en 2014, se licitaron esas frecuencias junto con las necesarias para 4G , ya que el país estaba atrasado en esta última prestación con relación al resto del mundo y que esa carencia contribuía al mal servicio de los móviles.
Del discurso presidencial parece surgir que se renovó la idea de que Arsat sea prestadora de telefonía celular, pero también podría ser que comparta o ceda las frecuencias a cooperativas o pymes. Lo que es innegable es que Arsat dispone de una red de 35.000 kilómetros de fibra óptica ya tendida que le facilitaría convertirse en operadora.
De todas formas, el proyecto de ley que anunció Cristina a pocas horas del lanzamiento del Arsat-2 es mucho más abarcativo. Según dijo, la iniciativa persigue tres objetivos: declarar de interés público el desarrollo de la industria satelital, aprobar el plan satelital argentino 2015-2035 y establecer que será Arsat la empresa que ejecutará las acciones para implementarlo.
Cristina explicó que el plan satelital tendrá tres ejes de acción: proteger las posiciones orbitales que corresponden a la Argentina, construir satélites y suministrar servicios satelitales (como la prestación de telefonía celular). En cuanto a la construcción de nuevos satélites, la mandataria anunció que se harán 8 para uso propio y para exportar con una inversión de u$s 1.200 millones.
La Presidente también anunció que el proyecto de ley contempla prohibir la venta de acciones de Arsat sin la aprobación de los dos tercios del Congreso, y que regirá igual prohibición para la venta de recursos y de tecnología que maneja la empresa.
Fuente: Ámbito.
