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Una vez más, el fuego amigo elevó la tensión en el oficialismo. Las diferencias internas, tanto en el gobierno nacional como en el bonaerense, quedaron expuestas en torno a la salida anticipada de los presos en el marco de la pandemia del coronavirus . Mientras buscan cómo despegarse de la polémica y apuntan la responsabilidad en el Poder Judicial, el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof hacen equilibrio para mantener la unidad .
Como sucedió en Desarrollo Social tras la compra de alimentos con sobreprecios, el Gobierno quedó atravesado por un debate intramuros que despertó una fuerte controversia pública. La discusión en torno a las excarcelaciones o arrestos domiciliarios en medio de la pandemia dejó expuestas dos miradas antagónicas entre garantistas y duros.
Además, exhibió que en la organización interna del Ministerio de Justicia conviven distintas terminales de poder que coexisten en una tensión permanente. Marcela Losardo, responsable del área, amiga y socia del Presidente, mantiene un duelo con su segundo, Juan Martín Mena, y con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Ambos reportan directamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Fue así, por ejemplo, que el Presidente se enteró por los medios de que el gobierno nacional había solicitado ante la Justicia que se dispusiera la prisión domiciliaria del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. Pietragalla, a cargo de esa jugada política, no avisó en la Casa Rosada, lo que le valió una dura reprimenda.
En la Casa Rosada negaron absolutamente que el Gobierno esté avanzando con un plan para liberar presos. El Gobierno, a partir del pedido de la Cámara de Casación, presentó un listado con 1280 presos de “alto riesgo”. Es decir, con afecciones preexistentes y mayores de 60 años. Hasta el momento, solo 320 salieron de las cárceles federales, donde hay más de 13.000 reclusos.
“Es un disparate decir que estamos sacando a los delincuentes” , se defendieron fuentes oficiales. Y anticiparon que todos los involucrados en el motín de la cárcel de Devoto, que en su gran mayoría tienen un frondoso prontuario, “no van a salir”.
Y cargaron la responsabilidad sobre la Justicia. “Nosotros opinamos. Son los jueces los que deciden si los liberan”, describió uno de los hombres de máxima confianza del Presidente. En medio de este escenario, los detenidos están negociando para lograr más libertades.
La advertencia de Massa a los jueces
La polémica alrededor de la liberación de presos en el marco de la pandemia de coronavirus provocó un fuerte rechazo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien advirtió a los jueces que suelten a los presos que “pueden ser sometidos a juicio político”. Para ratificar su postura, el diputado recibió hoy a víctimas de la inseguridad, entre ellos Viviam Perrone, Jimena Aduriz, Guillermo Bargna y Matías Bagnato, entre otros.
En un intento por poner fin al debate, el Presidente se mostró comprensivo del reclamo de los reclusos para obtener excarcelaciones o arrestos domiciliarios, aunque lo circunscribió los presos de riesgo.
“La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa, donde el contagio puede darse con mucha facilidad, hay también gente que tiene factores de riesgo”, explicó ayer el mandatario, que recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó atender la situación sanitaria en las cárceles frente al avance de la pandemia.
La posibilidad de que la Justicia libere más detenidos fue también fuertemente repudiada por parte de la oposición, en particular por referentes de Juntos por el Cambio.
Interna bonaerense
Las diferencias también afloraron en la provincia de Buenos Aires. Es que el secretario de la Comisión Provincial de la Memoria -un organismo público autónomo-, Roberto Cipriano García, contó en un audio que se viralizó que la intención era lograr la mayor cantidad de liberaciones posibles y explicó que todos los días se presentaban entre 100 y 150 pedidos en favor de detenidos.
Desde el gobierno bonaerense se despegaron de la comisión. “No nos representan”, sostuvo un integrante del gabinete provincial.
Pese a las diferencias y la tensión, la acción de la comisión generó la rápida intervención del ministro de Seguridad, Sergio Berni, que rechazó esa posición. “Por suerte para los presos, no depende de mi opinión, porque ya se sabe cuál es: no sale ninguno”, dijo el funcionario en diálogo con el programa Animales Sueltos .
Hasta el momento suman más de 750 los presos que recuperaron la libertad en el principal distrito del país, que tiene una población carcelaria de 52.000 reclusos.
En medio de la escalada y tras los señalamientos algunos legisladores de la oposición, el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, negó “categóricamente” que hubiera un plan oficial para liberar presos y dijo que los beneficios que reciben los detenidos se dan en el marco de la ley. “Las leyes solo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias”, sostuvo el exintendente de La Plata.
El problema en la provincia es la sobrepoblación carcelaria. Es por eso que Alak y el ministro de Salud, Daniel Gollán, buscan llevar tranquilidad a las cárceles bonaerenses respecto a la posibilidad de contagio de coronavirus.
Mientras tanto, el estado de alerta es total. Los ministros de Justicia de todas las provincias están conectados y siguen con atención cada movimiento. El motín de la cárcel de Devoto ya produjo un efecto contagio en otras provincias, como La Rioja, Mendoza y Chaco.
“Devoto tiene un valor simbólico, es peligroso que se repita”, advirtió un funcionario al tanto de cada movimiento.
Fuente:La Nación
