La Argentina suele destacarse. A veces, por cosas buenas; generalmente, por malas. La situación que se vive en materia aerocomercial es un ejemplo del último de estos casos. Protestas gremiales de trabajadores de Aerolíneas Argentinas y Austral y restricciones horarias a los vuelos low cost están logrando que el país viva un virtual cierre de su espacio aéreo, como si se estuviera frente a una amenaza del terrorismo internacional. Más allá de esta exageración, lo cierto es que, en estos días, volar es un tarea impredecible.
En el medio de estas disputas judiciales y sindicales, hay miles de pasajeros que son víctimas del penoso devenir argentino. En lo que va del año, la línea de bandera sufrió alrededor de 14 medidas de fuerza directas (incontables, las indirectas, como la interrupción de tareas por sorpresivas “asambleas”) que afectaron a unos 160.000 pasajeros. Gran parte de ellos, turistas extranjeros que vinieron a gastar dólares, ese bien tan escaso en el país. En el caso de las low cost, el “cepo” horario dispuesto por la jueza Martina Forns, obligó a reprogramar los vuelos a, por ahora, unos 5.000 pasajeros.
La “guerra aérea” está al rojo vivo. Ayer, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, anunció que la empresa solicitará la conciliación obligatoria ante el paro de pilotos anunciado para el próximo fin de semana.
“Los gremios que reúnen a los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral, APLA y UALA, anunciaron un paro de 48 horas para los días sábado 5 y domingo 6. Fue luego de que ayer (lunes) ambos sindicatos realizaran asambleas durante 7 horas, entre las 12 y las 19, provocando la cancelación de 105 vuelos, lo que afectó a 10.600 pasajeros”, apuntó en un comunicado. Esta vez, la protesta es por un tema salarial.
En cuanto a los vuelos baratos, cuatro asociaciones civiles del Partido de Morón presentaron ayer, ante el Consejo de la Magistratura, una denuncia contra la jueza que ordenó la restricción en horario nocturno -que rige desde el jueves pasado- por mal desempeño de sus funciones. En un escrito de unas 20 páginas, se enumeran una cantidad de irregularidades que se habrían cometido.
“La cautelar dispuesta por la jueza es una lectura recortada del tema que, como ella misma plantea en su fallo, no se basa en ningún tipo de prueba imparcial” señaló a Ámbito Financiero, Alejandro Matozo, uno de los denunciantes. Tanto en el caso de la línea de bandera, como en el de las low cost, hay un trasfondo político difícil de ocultar.
La promesa a los gremios aeronáuticos del candidato Alberto Fernández de garantizar en su eventual presidencia “todos los cielos abiertos para Áerolineas” fue un mensaje claro contra la política de apertura comercial del gobierno de Mauricio Macri. Todo se basa en la suposición de que, en los últimos cuatro años, entró en declive.
Sin embargo, las cifras muestran que tiene récord de actividad pese a la llegada de competidores. Por ejemplo, Malvido indicó que “desde 2015, la empresa incrementó un 40% la cantidad de pasajeros de cabotaje, cuando todo el mercado creció un 66%. Dos de cada tres nuevos pasajeros que sumó el mercado aéreo eligieron Aerolíneas”.
Ayer, el candidato opositor, le pidió a los sindicalistas que levanten el paro, intuyendo que no es buen momento, en plena campaña, enojar a posibles votantes.
Pero esta disputa no es tan simple. No enfrenta a oficialistas y opositores. También hay “fuego amigo”. El boom de las low cost está generando un crecimiento en la actividad turística y comercial en muchas provincias por el aumento de los vuelos como consecuencia del abaratamiento de los pasajes que, en la mayoría de los casos, son más económicos que el costo de un ticket en micro por el mismo tramo. Eso hace que provincias peronistas hayan levantado su voz ante la amenaza de la embestida con esta modalidad. Tucuman, por ejemplo, fue una de las primeras en reaccionar. Pese a haber sido anfitrión de Fernández, con un opulento asado, el gobernador Juan Manzur – a través de su ente de turismo – envió una nota para que la jueza revea la medida por el perjuicio que la causa a la provincia. Otro gobernador de las filas del Frente de todos – ayer anfitrión del candidato presidencial – también está en la misma sintonía. Impulsa habilitar al aeropuerto de la capital sanjuanina para los vuelos low cost. Misiones, Bariloche, Neuquén, Salta, Jujuy, Corrientes también iniciaron acciones –algunas judiciales- para frenar la embestida contra los vuelos baratos.
También en esta pelea se mezcla la política. Desde el Gobierno, resaltan la vinculación de la jueza Forns con la agrupación “Justicia legítima” o la militancia kirchnerista del abogado denunciante. La discusión por el funcionamiento del aeropuerto El Palomar está en el medio de esta disputa. Quienes apoyan su funcionamiento hacen notar que esa localidad creció por esa base aérea construida en 1908.
“Ese ligar era campo, hasta mediados de los 60 tenía vida rural y la urbanización fue creciendo alrededor del aeropuerto. Siempre hubo vuelos, incluso comerciales, y nunca hubo problemas. El estudio ambiental muestra que no hay inconveniente para su funcionamiento. Por eso, no se entiende que se haya dispuesto la medida cautelar” señaló Matozo.
Fuente: Ambito