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Después de más de 130 días, se reunió el Consejo Directivo con un temario oficial y otro candente. Analizaron el “cuadro político, social y económico” y discutieron una estrategia para conseguir fondos para obras sociales.
El Consejo Directivo de la CGT finalmente celebró la primera reunión del año en la sede de la calle Azopardo, con decisiones del alto voltaje político.
Según anticiparon fuentes sindicales, el pleno de la central obrera aprobó la participación en la marcha opositora del próximo jueves 4 de abril a Plaza de Mayo. Los secretarios generales habilitaron la protesta con una columna propia, que partirá de la estación de trenes de Once del ferrocarril Sarmiento hasta las puertas de la Casa de Gobierno.
Como anticipó este medio, con el afán de evitar de cualquier modo la quinta huelga general contra la administración de Mauricio Macri, el sector de los Gordos y los gremialistas independientes, incluidos los del transporte, avanzaron con una tibia adhesión a la marcha, sin participación estelar en el acto central, ni sobre el escenario. Desconfían de los grupos convocantes y la politización de la movida y quieren gambetear cualquier tipo de exposición pública negativa, el reproche generalizado y violencia callejera.
La marcha se promueve en “defensa del empleo y la producción nacional” y fue orquestada por los sindicatos industriales y mecánicos, con la UOM y el Smata a la cabeza. Pero con el pasar de los días, las adhesiones se ampliaron a empresarios pymes, partidos políticos y movimientos sociales, y con el correr de los días la protesta se transformó en una “gran marcha nacional”.
De hecho, los Moyano y el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FeSiMoNa) quedaron como los principales impulsores de una movilización contra la administración de Mauricio Macri, que ya cuenta con el apoyo de la Multisectorial 21F, decenas asociaciones empresarias, agrupaciones piqueteras y corrientes partidarias opositoras.
Temario
Con múltiples temas candentes sobre la mesa de discusión, la expectativa se había generado en el encuentro programado para el jueves la semana anterior, que finalmente no prosperó. En el temario oficial de hoy figuró:
- Revisión de la situación administrativa.
- Análisis del “cuadro político, social y económico”.
- Presentación de un libro sobre el rol del papa Francisco durante la última dictadura militar.
En primer lugar, repasaron el listado de los gremios que adeudan el pago de la afiliación mensual a la central. En la reunión se recordará que los morosos son plausibles de recibir sanciones pecuniarias y hasta la desafiliación. No está en agenda discutir el ingreso de nuevas organizaciones sindicales, como exigen desde hace tiempo los sindicalistas “díscolos”, los no alineados con la actual codirección de Héctor Daer y Carlos Acuña.
El segundo punto incluyó un debate sobre del impacto social de la crisis económica y el incremento de las suspensiones y los despidos en el sector industrial, aunque ya se registran problemas laborales en otros rubros, como el de los docentes privados o los mensajeros. Este mismo jueves, mientras los líderes cegetistas se reúnan, el INDEC difundirá la tasa de desempleo del cuarto trimestre de 2018, donde se espera una cifra de dos dígitos, escalada no registrada desde 2012, tras los coletazos de la crisis financiera internacional. Es la excusa perfecta para aprobar en pleno una nueva protesta contra el Gobierno.
Por fuera del orden del día, los temas más candentes a tratar fueron:
- Apertura de negociación con el Gobierno por obras sociales y el blanqueo laboral.
- Acuerdos paritarios.
- Marcha del 4-A y quinto paro nacional.
La llave que destraba todos los conflictos entre la Casa Rosada y el movimiento obrero es siempre la misma: los fondos de las obras sociales sindicales. En Azopardo admiten que los desembolsos por tratamientos de alta complejidad se agilizaron, pero hablan de casi $ 6.000 millonesque un alto funcionario se comprometió a reintegrar por el caso OSDE que nunca llegaron. En junio de 2018 el Gobierno liberó un monto similar para desinflar una contundente medida de fuerza anunciada y lo logró.
Asimismo, se esperaba que los sindicalistas insistan con la creación de la Agencia Nacional de Salud (Agnet) para que de una vez por todas se regule el sistema sin elevar los costos para las obras sociales gremiales por los amparos y reclamos judiciales en contra. Los dirigentes refunfuñan porque asumen gastos extra para cumplir con la Programa Médico Obligatorio (PMO) a los monotributistas.
De la mano de la Agnet viene otro tema de discusión: la iniciativa del oficialismo a favor del blanqueo laboral. La ley, que todavía no fue presentada en el Congreso, pero pronto ingresará por mesa de entradas,promueve la registración de 1 millón de trabajadores y la creación del ente de salud. En el mundo sindical hace ruido el “perdón” que plantea el texto a las empresas que poseen deudas por contribución patronales y la exención de aportes por dos años. Al mismo tiempo, duda del segundo “perdón” a las compañías multada por infringir la ley laboral. Debatirán si estas medidas alientan el blanqueo o incentivan el trabajo en “negro”.
Durante el encuentro también es estimó que repasarían la marcha de los principales acuerdos paritarios y se confirmará el respaldo a la modalidad de pactos trimestrales, la inclusión de cláusulas de revisión por inflación y la búsqueda de mecanismos alternativos para obtener una compensación por los porcentajes perdidos en 2018.
Fuente: Ambito
