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Por eso fueron cuatro los ministerios – Agroindustria, Ambiente, Ciencia y Salud- abocados a redactar un informe sobre las buenas prácticas en la aplicación de agroquímicos, uno de los temas más controvertidos por los perjuicios que su mala utilización pueden provocar sobre la salud.
“Los fitosanitarios son como los antibióticos para los humanos, porque pueden salvar vidas pero sin un uso adecuado pueden tener consecuencias fatales”, graficó el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, durante la presentación de las conclusiones del estudio que demandó unos tres meses de elaboración.
El documento final propone 12 principios para regir las políticas públicas nacionales sobre aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en “zonas de amortiguamiento”, es decir, aquellas cercanas a los ambientes que requieren especial protección a los efectos negativos de la aplicación incorrecta de fitosanitarios, ya sea por la proximidad de poblaciones humanas, protección de recursos naturales o presencia de patrimonio cultural e histórico.
Estos principios deberían regir las políticas públicas sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación, formular recomendaciones para adoptar buenas prácticas y fortalecer los sistemas de control y monitoreo. “Queremos que haya una base técnica y científica objetiva que sirva para cada legislación o reglamentación a nivel provincial o municipal. Para que cada una de ellas pueda decir: ‘Esta actividad fue monitoreada y es inocua para la salud”, sostuvo el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, durante la presentación realizada en la sede de esa cartera.
En la práctica, un conjunto de ejes generales en los que se debe hacer foco, como tener en cuenta un contexto de producción sostenible, un modelo integral de salud (que cuide a los individuos directamente relacionados con su uso y a la población en general), contar con una gestión de riesgos basados en el rigor científico, dotar a las normas de la suficiente adaptabilidad para actualizarlas de manera periódica, llevar adelante una gestión eficiente de monitoreo o incentivar la autogestión de sistemas de control del sector privado. También se presentaron 23 recomendaciones para mejorar las políticas públicas.
“Nuestra principal función va a ser el apoyo técnico a todos los procesos de evaluación, monitoreo y de vigilancia epidemiológica, con metodologías robustas, sólidas y científicamente validadas”, detalló el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein.
Los resultados del informe se pondrán a consideración pública desde el 20 de julio y durante un mes, en Internet, en una instancia en la que se podrán realizar comentarios y críticas. Luego se revisarán los comentarios y se llevarán las recomendaciones a las provincias a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA), y se presentarán a las comisiones del Congreso. El objetivo de máxima es contar en un futuro cercano con una ley nacionalque regule el tema.
Otro objetivo es la creación de una plataforma de Buenas Prácticas Agrícolas, como fuente de referencia de nuevas tecnologías y que tendrían incidencia, por ejemplo, en el análisis a la hora de resolver la adjudicación de un crédito.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, explicó que las propuestas son “un marco orientador”. “Es un tema muy polémico y no debe censurarse ninguna voz. Queremos fomentar la producción del agro al mismo tiempo que validamos las prácticas de manera sostenible. La Argentina tiene que exportar para que ingresen divisas, pero no puede ser a expensas de la salud de la gente”, concluyó.
Por su parte, Barañao avizoró que “a futuro seguramente los fitosanitarios no serán químicos sino biológicos, porque los consumidores exigen cada vez más productos naturales. Por eso debemos ir investigando esos insumos, que serán clave para las exportaciones. No es un tema menor: el país es muy dependiente de la agricultura y lo seguirá siendo por mucho tiempo”.
Fuente: Ambito
